La aparición de Leonardo Escobar, académico de la Ibero Puebla, es una buena noticia, vivo e íntegro. Sobre todo, en un país donde demasiadas historias terminan sin dar con el paradero de las víctimas. Sin embargo, la cantidad de preguntas que genera esta detención arbitraria siguen sin ser resueltas. ¿Cómo se explica que una persona sea detenida por la Guardia Nacional y termine vagando por la ciudad, con tres costillas rotas, sin que nadie sepa dónde estuvo ni qué ocurrió?
El alivio que produce su localización no puede convertirse en amnesia colectiva. Al contrario: su desaparición y posterior hallazgo abren una rendija por la que se asoma algo mucho más profundo y más grave. Porque la militarización de la vida pública no ha traído seguridad; ha traído una opacidad que inquieta. El caso de Escobar —que va de una desaparición inexplicable en un aeropuerto a su localización en un anexo— obliga a levantar la alfombra. Debajo aparece una verdad incómoda que el Estado mexicano intenta ocultar con uniformes y discursos: el fracaso conceptual y operativo de la Guardia Nacional como garante de la seguridad pública.
“La Sedena sigue sin explicar por qué nunca se registró la detención y sigue sin transparentar la presentación de videos”, señala Simón Hernández León, abogado de la Ibero Puebla que ha acompañado el caso desde la desaparición de Escobar.
Que el académico haya terminado en un centro de rehabilitación revela una arista aún más perturbadora de este modelo: la limpieza social sin proceso. ¿Cuántas personas han sido “disuadidas” o “retiradas” por la Guardia Nacional y han acabado atrapadas en un limbo administrativo? No lo sabemos. Porque la Guardia Nacional no opera como una policía sujeta a controles civiles; obedece como un ejército.
La militarización de los aeropuertos, entregados a la Marina y vigilados por una Guardia Nacional que de “civil” conserva apenas el nombre, ha convertido las terminales en espacios de excepción en los que la violación a derechos humanos queda blindada por las fuerzas armadas. Se nos prometió orden, disciplina, incorruptibilidad. Lo que llegó fue una lógica castrense incompatible con la vida ciudadana. El mandato no es proteger derechos: es controlar, contener, perseguir migrantes.
La Guardia Nacional no rinde cuentas. Cuando un policía civil comete un abuso, existen —al menos en el papel— mecanismos de control y responsabilidades administrativas. Pero ¿ante quién responde un elemento de la Guardia Nacional en un aeropuerto? La cadena de mando termina en un cuartel, lejos del escrutinio público. Así se crean zonas ciegas, cajas negras operativas donde una detención arbitraria o una “retención” pueden ocurrir sin dejar rastro inmediato, amparadas en la nebulosa de la seguridad nacional.
Este episodio deja al descubierto la falta de rendición de cuentas de las corporaciones de seguridad, tanto militarizadas como civiles que orbitan en su entorno. Actúan al margen de la ley porque saben que el fuero militar o la burocracia federal funcionan como un manto protector. La detención arbitraria —o lo que haya ocurrido en esos minutos oscuros del aeropuerto— se vuelve posible cuando la autoridad no está entrenada para tratar con ciudadanos, sino para neutralizar amenazas. ¿Cuáles amenazas? Ser migrante basta.
El caso del profesor de la Ibero debería marcar un punto de quiebre. No alcanza con celebrar que apareció con vida. Hay que exigir que se explique, minuto a minuto, qué ocurrió mientras estuvo bajo custodia del Estado. Mientras sigamos normalizando el camuflaje en andenes y terminales, cualquiera puede convertirse en el próximo “error operativo” de una bitácora de guerra que nunca se abre al público.
Como si hiciera falta una confirmación más de esta lógica, ayer se premió a Garduño, el funcionario que impulsó la militarización de los aeropuertos para perseguir migrantes. Fue nombrado en un cargo de alto nivel en la Secretaría de Educación Pública. La presidenta aseguró que “no es un perfil cualquiera”. Las políticas del sexenio pasado, encarnadas en ese personaje, fueron la antesala perfecta para un caso como el de Leonardo Escobar.