En medio de los escándalos millonarios de corrupción hay casos que afectan personas concretas y que se esconden entre cientos de papeles en instituciones que, hacia fuera, muestran una faceta institucional que no tiene grandes proyectos y, por lo tanto, pareciera no tener una movilización fuerte de recursos. Ese es el caso de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Ciudad de México.
Sí, a la crisis de desapariciones que hay en la Ciudad de México se suma la corrupción en una de las instituciones encargadas de atender la problemática. Apenas antier un colectivo de madres buscadoras encontró un presunto crematorio clandestino en el que había credenciales del INE de mujeres y libretitas de niños.
Esta es la historia de corrupción que afecta a las víctimas y que no permite que la Comisión de Búsqueda se concentre en su mandato: buscar personas desaparecidas.
En 2020 un servidor público de la dependencia renunció a su cargo por falta de apoyo de recursos humanos, financieros e infraestructura para la búsqueda profesional. A su salida, esperaba que se le pagaran sus prestaciones de ley devengadas. No fue así.
Al presentar su declaración anual de personas físicas ante el SAT, se percató que la Comisión de Búsqueda timbró 14 recibos de nómina en el que el receptor es él. Sin embargo, las fechas de esos recibos son posteriores a su renuncia.
Los 14 recibos de nómina suman la cantidad de $545,506.30. La quincena posterior a la que presentó su renuncia, la Comisión de Búsqueda continuó procesando su salario y hasta su aguinaldo a una cuenta bancaria que no es suya y le mintió deliberadamente al SAT debido a que la Comisión declaró pagos y retenciones ficticias.
Además de utilizar su nombre y sus datos fiscales para movilizar recursos ilegalmente, la Comisión de Búsqueda generó una afectación a su situación fiscal ante el SAT. Particularmente en 2021, pues acumuló ingresos que realmente nunca recibió, pero que el SAT tiene registrados y, por lo tanto, se computan para su pago de impuestos.
En la Plataforma Nacional de Transparencia puede verificarse que la última declaración patrimonial que presentó este exfuncionario es precisamente la de 2020 bajo la modalidad de “conclusión”, pues es el año en el que renunció y concluyó su encargo como funcionario público. Pero la Comisión de Búsqueda siguió declarando su salario. ¿A dónde se fue ese dinero?
Cuando hay un acto de corrupción se dice que la víctima es el propio Estado y no personas concretas, pues es la entidad que supuestamente resiente de manera directa el daño. Bajo esta lógica, por ejemplo, si los hijos del presidente tienen contratos millonarios, la víctima es el Estado.
Pero en el caso que presento en esta columna hay víctimas de la corrupción en particular. Primero, las personas desaparecidas y sus familias, ya que los recursos de la Comisión –que de por sí son limitados– se están yendo por un conducto ilegal en vez de utilizarse para buscar.
El otro afectado concreto es el exservidor público. El hecho de que la Comisión de Búsqueda le haya declarado bajo protesta de decir verdad al SAT que le pagó 14 quincenas, generó en obligaciones fiscales y cargas financieras que no le corresponden. En segundo lugar, sus datos personales fueron utilizados para actos de corrupción. En tercer lugar, se daña su imagen al afirmar en documentos oficiales (como los recibos de nómina) que después de su renuncia siguió cobrando.
¿A quién le depositaron esos $545,506.30? ¿Quién dio la indicación en la Comisión de Búsqueda sacar ilegalmente ese dinero después de que presentó su renuncia?
El actual titular de la Comisión de Búsqueda, Enrique Camacho Suárez, tiene una solicitud en su escritorio para que se cancelen los 14 recibos de nómina y se informe a quién se le depositaron. No hay respuesta.
@MaiteAzuela