Como si se tratara de descifrar un trabalenguas, la pregunta de la consulta del próximo domingo, como la dejó redactada la Suprema Corte de la Nación , no solo requiere que hagamos una pausa para tomar aire y seguir leyendo, sino que requiere unas dos o tres lecturas para comprender lo que dice.
Es mucho lo que perdemos como mexicanos con este ejercicio simulatorio y confuso. Fueron años de batalla, me incluyo entre quienes empujamos una reforma política que contuviera, en el espectro de las opciones de participación ciudadana, mecanismos directos de decisión sobre temas cruciales para el país. Las consultas a la población pueden fortalecer la democracia ampliando la participación ciudadana en temas relevantes, pero particularmente esta no fortalece más que el engaño; en un país donde no hay debido proceso y el sistema de justicia está lleno de excesos, este tipo de herramientas pueden ser usadas como venganza.
Si lo que busca Morena es banalizar el ejercicio democrático de una consulta, lo consiguió.
Como muchos han expresado, no hay una referencia al juicio político de expresidentes como lo hace la falsa publicidad de Morena, engañando a los electores. Aquí plasmo la pregunta para no dejar duda: ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?
Más allá de la propaganda mentirosa de Morena, la publicidad del INE se enfoca en la pregunta, en mostrar la logística para llevar a cabo la consulta, se abren mesas de diálogos y cápsulas que resumen cómo encontrar la mesa receptora que corresponde para votar y las recomendaciones sanitarias que hay que seguir.
A pesar de las advertencias de algunos consejeros del INE sobre el costoso ejercicio, que asciende a 528 millones de pesos, pagado con los remanentes de 2020 y los ahorros de la elección de 2021, quien espera que algún presidente sea enjuiciado a partir de este evento propagandístico, que espere sentado.
Desafortunadamente hay otro tema delicadísimo, trascendente para los derechos de miles de víctimas de violaciones a derechos humanos, que esta consulta también se lleva entre las patas. Porque se trata de propaganda más que verdadera preocupación por los derechos de las víctimas y la sociedad, y la forma en la que se ha presentado en los medios de comunicación es insultantemente mentirosa, diseñada para que la respuesta sea abrumadoramente SÍ, colocando el derecho de las víctimas a la verdad y la justicia en un asunto que por ningún motivo debe ser consultado.
Si algunos encuentran en la pregunta posibilidades para el inicio de una ruta del Estado por la justicia transicional, también serán defraudados. El primer paso hacia allá requiere la instalación consistente de comisiones de la verdad, un concepto que el presidente no entiende y que ha decidido no comprender. Así que, lamentablemente, “¿quiere usted una comisión de la verdad?” es algo que la pregunta no dice, ni de lejos. La pregunta es inútil cuando la respuesta es clara: si se tienen pruebas de las conductas ilícitas, se tiene que proceder. Consultarlo es evadir la responsabilidad y revictimiza a las víctimas y sus familias.
Por si fuera poco, para que la consulta sea válida, se necesita que participe el 40% del padrón (38 millones de votos), hay 57 mil mesas receptoras en el país y no hay presupuesto para la operación ni para su publicidad. Supongamos que votan todos por el Sí, ¿qué tipo de procedimiento de justicia que no esté ya contemplado en la ley, aplicarán para “esclarecer las decisiones” de funcionarios públicos en el pasado? Si no las han esclarecido estos tres años, ni en sexenios pasados, es porque no tienen la voluntad para hacerlo.