El compromiso del gobierno de López Obrador sobre resolver el caso Ayotzinapa está incumplido. Y, como siempre, el Presidente busca culpables para explicar por qué no se hacen las cosas. Así lo hizo en un texto publicado el sábado 20 de julio.
Para AMLO, no es culpable del ocultamiento de información quien tuvo en sus manos el caso durante las primeras horas y días: Iñaki Blanco, procurador que solo detuvo a uno que otro policía de medio pelo, a pesar de contar con información sobre la operación del crimen organizado en Iguala.
Tampoco es culpable Ángel Aguirre, quien como gobernador conocía el contexto de macrocriminalidad de su entidad, pero optó por hacerse el sorprendido el 27 de septiembre.
También es inocente Leonardo Octavio Vázquez, quien era el Secretario de Seguridad de Guerrero. Su corporación patrullaba las calles y tenía acceso a las cámaras y frecuencias de radio del C5, de donde desapareció información clave.
Otro inocente es Javier Bello Orbe, quien era el director de la Policía Ministerial Estatal, sí, la de la Fiscalía. Bello Orbe, además de presenciar la escena de desaparición del autobús 1531, tenía nexos con Humberto Velázquez, alias "El Guacho". Un policía ministerial que formaba parte de la nómina de Guerreros Unidos.
Son inocentes los Policías Federales que operaban en Guerrero bajo el mando de Omar García Harfuch, quienes se quedaron de brazos cruzados cuando los municipales les dijeron “se los vamos a llevar al patrón”, refiriéndose a los estudiantes.
Tampoco es culpable José Rodríguez, coronel que dirigía en aquel entonces el 27° Batallón. Se ha demostrado que el soldado Eduardo Mota fue testigo de la detención y desaparición de un grupo de estudiantes, pero, por instrucciones de sus mandos, solo se quedó mirando.
No son culpables los funcionarios de la sede en Iguala de la PGR que tuvieron conocimiento en tiempo real de los ataques contra los normalistas y no movieron un dedo. Y hablando de la PGR-FGR, otros inocentes son Arely Gómez, Raúl Cervantes y Gertz Manero; tres fiscales después de Murillo con poco avance.
Es muy selectiva la lista de inocentes para el Presidente. Para él, los culpables de que hoy no conozcamos la verdad son los abogados de las familias y los organismos internacionales de derechos humanos.
Dice el Presidente que un culpable es Emilio Álvarez Icaza, quien ese momento era Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana, institución que fue determinante para que al gobierno de Peña Nieto no cerrara el caso. A Emilio lo respalda su trayectoria como Defensor de Derechos Humanos.
Se atreve el Presidente a tachar de irresponsable el trabajo del GIEI. Se le olvida que una de sus integrantes, la Dra. Buitrago, hoy es la Ministra de Justicia de Colombia. ¿Qué pensará el presidente Petro de que su amigo estigmatiza el trabajo de su Ministra?
Sí, el culpable para el Presidente es el GIEI; ese grupo de 5 personas que avanzó más que dos b completos.
Para el Presidente, otro culpable es Mario Patrón, quien dirigió el Centro Prodh, representante de las familias. Quienes conocemos el trabajo de Patrón, sabemos que su aporte a los derechos humanos ha sido determinante para que muchas víctimas alcancen la justicia. Pero AMLO decide estigmatizarlo y criminalizarlo.
Otro culpable es el Tribunal Colegiado que ordenó la creación de una Comisión de la Verdad para el caso. Sentencia que fue uno de los principales referentes para creación de la COVAJ.
Pero bueno, los demás, los que sí tuvieron algo que ver con la desaparición, que se queden tranquilos; uno que otro hasta puesto asegurado tiene en el próximo gobierno. Esos son sus protegidos. Los que están con él son siempre inocentes.
La carta del Presidente es una aproximación a una grave iolación de derechos humanos vista desde el narcisismo de un solo hombre.
@MaiteAzuela