Pocas veces puede leerse una nueva ley que resulte tan avanzada y democrática como la Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnología e Innovación, que se aprobó recientemente. Sin embargo, han llovido los amparos en su contra a fin de dar entrada a la Suprema Corte de Justicia para que, como en otros casos, invada las atribuciones del Poder Legislativo y ejerza de facto un veto a las decisiones de las mayorías del Congreso que no correspondan a sus inclinaciones políticas.
Al lado de los amparos se han podido leer críticas de buena y mala fe a la nueva ley. Francamente pienso que las de buena fe pecan de ignorancia, en el sentido de que no han leído la Ley y se guían por lo que les cuentan los detractores. Éstos han estado muy activos tanto en los medios, como en las dos sesiones de Parlamento Abierto, que duraron más de 9 horas cada uno, y que desde mi punto de vista fueron suficientes para que se manifestaran las distintas posiciones a favor y en contra de la Ley.
Lo que sucede es que la corrupción hizo de las suyas en la anterior administración del Conacyt y la nueva Ley busca precisamente combatir la corrupción, de modo que los beneficiarios de uno u otro modo de esa administración han respondido de manera airada. Un caso es que el organismo contaba con un Foro Consultivo que intervenía en las decisiones más importantes, en especial a quién se le otorgaba financiamiento. Los integrantes de ese Foro, de acuerdo con el director de entonces, decidieron crear una asociación civil con el mismo nombre a la que se le destinaron recursos públicos por alrededor de 240 millones de pesos, los cuales se utilizaron entre otros usos en la compra de una casa, que por supuesto no es propiedad del Conacyt, sino de la asociación civil creada por los científicos.
Otro aspecto, se hayan o no beneficiado los académicos en particular, es que en el lapso que va de 2001 a 2018 se otorgaron nada menos que 45 mil 643 millones de pesos a empresas privadas como Ford, Volkswagen, Motorola, Kimberly Clark, Monsanto, LG y otras para que realizaran investigaciones. Entre los proyectos financiados ha escandalizado el diseño de empaques para pizzas.
La actual directora del ahora Conahcyt, (a la que por cierto ni siquiera conozco en persona) emprendió, desde un principio, una batalla contra la corrupción, lo que le ha valido una lluvia de insultos de los afectados. Además de la denuncia judicial, de la que por cierto una jueza absolvió por completo a los indiciados, la actual administración inició un largo proceso de discusión sobre la nueva ley, en la que participamos más de cien académicos.
Como el mejor método para combatir la corrupción es la democratización de las decisiones, la nueva ley establece la coordinación entre las Secretarías de Estado (incluidas la de la Defensa y la de Marina obviamente por sus áreas de investigación) y las correspondientes de las entidades federativas y los municipios. Y además tanto en la Junta de Gobierno como en los más diversos aspectos abordados en la Ley incluye a las universidades y a la comunidad científica, siempre respetando la libertad de investigación y en apoyo a las Humanidades, a la Ciencia básica y de frontera.
De especial importancia es que establece prioridades a través del diseño democrático de una Agenda Nacional y de los Programas Nacionales Estratégicos. Esperemos que la Corte no encuentre pretexto para anular una ley que nos beneficia a todos. Leer la ley es indispensable para poder aquilatarla.
