Para cualquier observador de la realidad política latinoamericana es evidente que la estrategia empleada por el imperialismo para combatir a los regímenes progresistas de la región ha sido la estrategia del golpe blando diseñada por el estadounidense Gene Sharp. Sabido es que tal estrategia incluye 5 fases que pueden operar como etapas o de manera simultánea. La primera es el llamado ablandamiento o sea que a través de campañas propiciar el descontento. La segunda es buscar la deslegitimación del régimen que se quiere derrocar con acusaciones de corrupción y autoritarismo. La tercera es “calentar la calle”, organizar manifestaciones y tomas de instituciones, para radicalizar la confrontación. La cuarta, intensificar la guerra de rumores en especial entre militares y las expresiones callejeras a fin de crear un clima de ingobernabilidad. La quinta es la fractura institucional que culmina con obligar a la renuncia presidencial.
Esa estrategia aplicada en casi todos los países de América Latina ha resultado exitosa en algunos y ha fracasado en otros, pero en la mayoría ha incluido lo que se conoce como Lawfare o guerra judicial.
No voy a ocuparme en estas líneas de cómo se ha aplicado en México el conjunto de la estrategia, sino únicamente de algunos aspectos de la guerra judicial y su relación con la democracia. No hay duda de que la mejor forma de la democracia es la participativa o directa, es decir que los ciudadanos puedan participar en la toma de decisiones que los afectan; sin embargo, es obvio que para formar un gobierno no puede pensarse en la inclusión del pueblo en su conjunto, por eso se recurre a las democracias representativas, en las que el pueblo sólo ejerce su poder a través de la elección de sus representantes en el Poder Legislativo y el Ejecutivo. Y en ese ejercicio democrático del poder, al igual que en la democracia participativa, el único criterio aplicable es el de mayoría. Por mayoría se eligen, en todo el mundo, legisladores y titulares del Ejecutivo. Puede afirmarse que el criterio de mayoría es la piedra angular de la democracia. Pues bien es ese principio, pilar de la democracia, el que la oposición quiere que desconozcan las autoridades electorales.
Los datos son muy claros, el pueblo se pronunció no sólo por darle la mayoría (la mayor en la historia, valga la redundancia) a Claudia Sheinbaum Pardo, para presidenta, sino también, (como insistió Claudia en la campaña sobre la necesidad de alcanzar el equipo completo y como planteó López Obrador en el Plan C), por otorgarle la mayoría en diputados y senadores a Morena y sus aliados, y además con una diferencia abismal con los partidos de oposición.
No es la primera vez que la oposición combate el principio de mayoría. Hay que recordar que mediante la argucia de presentar amparos que fueron utilizados por la Suprema Corte de Justicia para declarar inconstitucional o con cualquier pretexto procesal, se echaron abajo leyes que habían sido aprobadas, con el principio de mayoría, en el Congreso. Con esas reiteradas decisiones, no sólo el Poder Judicial se creó un derecho de veto sobre el Poder Legislativo, sino en los hechos se desconoció el principio de mayoría que es el eje rector de la democracia. Ésta es una de las expresiones más violentas de la guerra judicial, precisamente porque atañe a la base misma de la democracia. Ahora, en la intentona de que las autoridades electorales violen la Constitución y la ley electoral al asignar los legisladores plurinominales, se trata nuevamente de que no opere el principio de mayoría. La oposición quiere no entender que no es que los votos a su favor valgan menos, simplemente es que son mucho menos en número que los obtenidos por Morena y sus aliados.
Profesora Fac. Economía UNAM-CACEPS
