Los derechos humanos están por encima de cualquier diferendo o interés político, económico o ideológico, pertenecen y son inherentes a todas las personas, y en esa medida su vigencia no distingue o depende de banderas, colores o partidos. Aun cuando algunas determinaciones del Ombudsperson puedan generar inconformidad u oposición entre las autoridades destinatarias de la misma, lo cierto es que la existencia de tales diferendos no debe servir de excusa o justificar que se deje de lado la atención y respuesta que el Estado mexicano debe a las víctimas que han visto vulnerados sus derechos humanos, así como la búsqueda, constante y obligada, que debe llevarse a cabo, para que tales derechos se respeten y defiendan.
Actuar a favor de los derechos humanos no es una cuestión optativa o discrecional por parte de las autoridades. Es una obligación y responsabilidad de todos los servidores públicos, de los distintos órdenes y niveles de gobierno, promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En este contexto, la institución del Ombudsperson es un mecanismo de control democrático, establecido a favor del pueblo, de las personas, para garantizar que las autoridades actúen con apego a la legalidad, con respeto a la dignidad humana y, en caso de que incurran en algún abuso de poder, rindan cuenta de sus actos ante una entidad independiente y objetiva.
Cuando el Ombudsperson emite una determinación o formula un pronunciamiento, no busca debilitar o denostar a gobiernos o autoridades. Por el contrario, su propósito es fortalecer su actuación al propiciar que la misma se encuadre en los máximos estándares de respeto y vigencia de los derechos humanos, en la atención y respuesta a las demandas y necesidades de las víctimas, así como en la prevención de hechos ilegales o que vulneren derechos. El Ombudsperson busca fortalecer la legalidad y la institucionalidad democrática, no debilitarla, siendo una de las vías, constitucionalmente reconocidas en nuestro país, para que se ejerzan y se hagan efectivos los derechos de las personas.
En este sentido, por ejemplo, detrás del pronunciamiento hecho por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el tema de las estancias infantiles lo que sub-
yace es la necesidad de que los derechos de niñas y niños sean vigentes integralmente, así como los de las madres y padres trabajadoras. Que existan posibilidades reales de inclusión y desarrollo para todas las personas con independencia de su condición social o económica. Que todas las niñas y niños puedan acceder a la estimulación temprana y a otros cuidados especializados que actualmente sólo están a disposición de quien pueda pagar por ellos. Que las mujeres jefas de familia y las madres en general puedan emprender una vida de desarrollo profesional, con la confianza y certeza de que sus hijas e hijos estarán debidamente atendidos y cuidados.
Del mismo modo, cuando se hacen llamados para que se garantice la continuidad y calidad de los servicios públicos de salud, incluido el suministro oportuno de materiales y medicamentos, lo que se busca es lograr que el efectivo acceso a la protección de la salud sea un beneficio general, para todas y todos los mexicanos. Que el acceso a una atención médica de calidad no dependa o quede condicionado a que la persona tenga los recursos económicos para pagarla y que tal factor sea la diferencia entre la vida o la muerte de una persona. Que quienes habitan este país no tengan que volver a padecer las consecuencias de enfermedades que se pudieran haber evitado de haberse dado con oportunidad los esquemas de vacunación.
Buscar que los derechos humanos sean vigentes integralmente tendría que ser la premisa común que nos mueva e identifique como país. Esta tarea no conoce de filiaciones políticas, ideológicas o intereses de ninguna índole. México necesita recuperar espacios de encuentro y diálogo donde las y los mexicanos sumemos recursos y capacidades por lograr objetivos de verdadero beneficio común, como lo es que las personas puedan vivir y desarrollarse libre y plenamente, con inclusión y respeto en un entorno de legalidad.
Presidente de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos (CNDH)
