En tiempos de crisis, la humanidad se define por su capacidad de responder con solidaridad y justicia. Hoy, frente a los desafíos que impone la crisis migratoria en México y el mundo, estamos llamados a no ser indiferentes. El regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos marcó un punto de inflexión en las políticas migratorias, endureciendo medidas y profundizando el sufrimiento de miles de personas desplazadas. Esta crisis es un problema estructural, alimentado por la desigualdad, la violencia y la falta de oportunidades en los países de origen.
En el marco del Día Mundial de la Justicia Social, es fundamental reflexionar sobre la crisis humanitaria que enfrenta México, particularmente en el ámbito migratorio. Esta fecha, proclamada por la ONU, nos recuerda la urgencia de construir sociedades más justas e inclusivas, donde la dignidad y los derechos humanos sean una prioridad.
Las recientes negociaciones entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el gobierno estadounidense han traído consigo medidas que refuerzan el control migratorio. Como parte de estos acuerdos, el gobierno mexicano ha desplegado militares en la frontera norte, una acción que Centro Prodh advirtió con preocupación: “No hay que dejar de alertar que la anunciada militarización de la frontera norte con 10,000 elementos de la Guardia Nacional puede impactar los derechos humanos, sobre todo de las personas migrantes, si no se adoptan controles civiles extraordinarios.”
México ha sido históricamente un país de tránsito y destino para migrantes, pero en los últimos años la crisis se ha agravado. Quienes huyen de la violencia en Centroamérica, el Caribe y otras regiones del mundo se encuentran con muros visibles e invisibles: la militarización, la criminalización y el abandono institucional.
Además, la crisis migratoria se ve agravada por la violencia y la colusión de autoridades con el crimen organizado en diversas regiones del país. La población enfrenta los estragos de esta realidad: extorsiones, desplazamientos forzados, desapariciones, secuestros y detenciones arbitrarias que ocurren con total impunidad.
Las obras jesuitas en México han sido testigos de esta realidad. A través del Servicio Jesuita a Refugiados y de los programas en las universidades jesuitas, hemos acompañado a personas desplazadas que llegan a nuestro país en busca de refugio y esperanza.
El Papa Francisco ha insistido en que “los migrantes son antes que nada personas humanas”, llamándonos a mirarlos con compasión y sin prejuicios. Su mensaje interpela a nuestras sociedades, instándonos a rechazar la indiferencia y a comprometernos con la justicia.
Como Iglesia y como sociedad, tenemos la responsabilidad de exigir políticas migratorias que prioricen la protección sobre la contención. Es urgente que la voz de quienes defienden la vida se escuche con fuerza, especialmente cuando el discurso del miedo y odio pretende dividirnos.
Con esas contundentes palabras, la reverenda Mariann Edgar Budde, ministra de culto de la Iglesia Episcopaliana, apeló con valentía a la compasión del hombre más poderoso de los Estados Unidos: “Señor Presidente: millones han puesto su confianza en usted. Y como usted dijo… ha sentido la mano providencial de nuestro Dios amoroso. En el nombre de Dios, le pido que tenga misericordia para la gente en nuestro país que tiene miedo ahora.”
La migración no es solo un tema de política pública, es una cuestión moral y espiritual. Como cristianos, no podemos permanecer indiferentes.
En este Día Mundial de la Justicia Social, renovemos nuestro compromiso con la dignidad humana y trabajemos juntos, juntas, por un mundo más justo y solidario.
Provincial de la Compañía de Jesús en México
@Jesuitas_Mexico
