Si Donald Trump termina siendo el candidato del partido Republicano y gana la presidencia confirmará lo que siempre ha creído: que la ley no le aplica y puede comportarse como un soberano con absoluta impunidad. En la campaña de 2016 aseveró que podría asesinar a una persona en Times Square y la gente lo seguiría respaldando con su voto. En los múltiples procesos jurídicos que enfrenta, varios por su papel en los intentos para desconocer el resultado de la elección de 2020, su principal línea de defensa es que, como presidente de Estados Unidos, gozaba de total inmunidad. “No me vengan con que la ley es la ley”.
Si gana la elección, dirá que goza de mandato popular, que se confirma su inmunidad, que ni la constitución ni la ley lo restringen y podrá indultar a sus cómplices y a sí mismo.
Su reelección implicaría una suerte de autocoronación de Donald I y sería una tragedia para Estados Unidos. Como la caracterizó Octavio Paz, esta nación fue fundada como una negación de la historia, como un rechazo al poder soberano absoluto de los reyes europeos, al privilegio de algunos y a la desigualdad ante la ley. La reelección de Trump representaría el revés más importante para la democracia liberal, el estado de derecho y el régimen republicano desde hace 250 años. Tendría serias implicaciones políticas, jurídicas, geopolíticas, pero también económicas.
El sector privado de Estados Unidos y Wall Street vieron con buenos ojos los primeros cuatro años de Trump gracias a la reducción impositiva, a la desregulación y a nombramientos judiciales con una inclinación a imponer límites constitucionales a los excesos reglamentarios del Ejecutivo. Un segundo término de Trump, sin los contrapesos del primero, tendría serias implicaciones negativas para la economía.
Sería ingenuo no tomar en serio sus propuestas. Trump ya ha anunciado la imposición de un arancel de diez por ciento a todas las importaciones. Esta acción, violatoria de los compromisos en la Organización Mundial de Comercio (OMC) y de los tratados de libre comercio, sobre todo del Tratado México, Estados Unidos, Canadá (T-MEC), tendría un muy negativo e inmediato impacto en los mercados de capitales, en el crecimiento mundial y en la reputación de Estados Unidos como socio confiable y emisor de deuda.
Aún sin considerar la reacción de los otros países, el impacto negativo sobre su economía sería severo y podría generar una peligrosa espiral negativa en términos de producción (requiere de insumos provenientes de todo el mundo para funcionar), de sus exportaciones (seriamente impactadas si las otras economías exportan menos), y en términos de finanzas públicas, ya que la caída en los mercados de capitales y el incremento en la tasa de interés dificultarían la emisión de bonos del Tesoro para cubrir un déficit superior al siete por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) y para la renovación de los altos montos de deuda por vencer.
Si a esto se añaden las posibles represalias inmediatas por parte de los principales socios comerciales de Estados Unidos, la probabilidad de que la llegada de Trump a la Casa Blanca termine en una recesión y que se deteriore su posición fiscal subiría de manera significativa. De requerirse un ajuste fiscal (Trump sería incapaz de hacerlo), la recesión sería profunda y larga.
México debe prepararse para esta eventualidad. La historia económica muestra que el daño de episodios turbulentos en Estados Unidos es proporcional al estado de vulnerabilidad de la economía nacional. Para evitar que la gripe en el norte sea neumonía aquí, es imprescindible una posición robusta en términos de estabilidad macroeconómica y de competitividad.
El déficit público de 5.4 por ciento del PIB que prevé la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para 2024 es claramente excesivo si la economía de Estados Unidos entra en una espiral negativa, cosa que puede suceder aun antes de la elección en noviembre si se anticipan el triunfo de Trump y sus posibles medidas. El peso mexicano se presionaría también con antelación. México requeriría de un incremento relevante en el superávit primario para aguantar el vendaval. Sin embargo, no será fácil para el gobierno entrante apretarse el cinturón debido a los incrementos de gastos políticos implementados por López Obrador.
La economía del principal socio comercial de México ya evidencia una cierta tendencia de desaceleración a pesar de las cifras de crecimiento. Su producción industrial y sus importaciones totales llevan ya un año de magro comportamiento. Su PIB ha crecido gracias al impulso de la demanda agregada por el gasto excesivo del gobierno y por el exceso de liquidez de los hogares, a pesar de la desaceleración en el ámbito industrial. El impacto sobre México se ha moderado gracias al incremento de participación de mercado en el contexto del nearshoring.
Esto subraya la importancia de mejorar la competitividad. La manera más contundente de hacerlo consiste en implementar un cambio radical en la política energética, lo que necesitaría: uno, sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que confirmen la inconstitucionalidad de las reformas a las leyes de la industria eléctrica en amparos pendientes. Dos, el nombramiento de directores generales de Pemex y CFE que inviertan en los eslabones rentables y desinviertan en los que pierden. Tres, la independencia y profesionalismo de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH). Cuatro, rondas de hidrocarburos y subastas eléctricas.
La inversión privada ha sido el principal motor de la economía mexicana en los últimos dos años. No obstante, en cifras recientes ya se aprecia un crecimiento negativo marginal en maquinaria y equipo, sin duda relacionado con la desaceleración industrial de Estados Unidos. Estas señales iniciales deben tomarse en serio. Con la posibilidad de la llegada de Trump aún más.
De llegar Trump a la presidencia e insistir en su propuesta de un arancel generalizado, sería necesario que México, en coordinación con Canadá de preferencia, anuncie con anticipación, que bajo el T-MEC la medida sería considerada como una salvaguardia y que se impondría como compensación un arancel de diez por ciento a todas las importaciones provenientes de Estados Unidos de manera inmediata, bajo el artículo 10.2.
México y Canadá tienen un poder de negociación que debe usarse ya que son los principales mercados para Estados Unidos en el mundo y en virtud de que su industria es inoperante sin sus vecinos. Al mismo tiempo, sería necesario anunciar la implementación de la actualización del tratado de libre comercio con la Unión Europea, la terminación de la negociación del bilateral con el Reino Unido y la aprobación de su adhesión al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT). Esto con el objetivo de subrayar el trato preferencial que se seguiría otorgando a economías de Europa, Asia y América Latina para movilizar el cabildeo en Washington a favor de que no se impongan los aranceles o que se exceptúe a México y Canadá.
Con independencia de quién gane, es necesario que el nuevo gobierno mexicano presente un serio plan para manejar el difícil reto migratorio. Si Trump resulta electo, aún más. Tema de una futura columna.
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