El martes pasado se celebró la primera audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, sobre la queja presentada por la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, así como por diversas asociaciones civiles de México, contra el decreto de reforma constitucional publicado el 15 de septiembre.
Carlos Bernal Solano, integrante de la CIDH, expresó que lo ocurrido en nuestro país es un ejemplo “de constitucionalismo abusivo: cuando un Gobierno intenta desmontar los contrapesos, se ha visto en los autoritarismos de nuestro tiempo en el mundo entero, y el caso de México es de libro”.
En efecto, el tramposo y salvaje proceso político-jurídico mediante el cual se consumó la demolición del sistema republicano establecido en México desde 1824, es ya un caso de estudio para juristas y politólogos. La receta autoritaria podría ser la siguiente:
1. Estructure un partido de Estado; 2. Tome control y someta a organismos y tribunales electorales; 3. Realice elecciones de Estado; 4. Si se requiere, maquine fraude poselectoral para deformar la voluntad popular y asígnese una cómoda mayoría calificada en el Congreso; 5. Proceda, con reformas constitucionales, a despedazar los últimos reductos del modelo republicano y democrático de equilibrio de poderes; 6. Instituya la “supremacía” de su partido ꟷléase la voluntad del jefe del partidoꟷ en todo el sistema; 7. Ponga especial atención en machacar la independencia del Poder Judicial. Colonice la corte, magistraturas y juzgados ꟷmediante “elección popular” o cualquier otro cínico métodoꟷ con incondicionales sectarios y militantes de su partido hegemónico.
La CIDH es una institución a la que temen los gobiernos autoritarios de nuestro continente. El mexicano en varias ocasiones ha sido sujeto de resoluciones que lo señalan como violador de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, aprobada por la OEA en 1969, y asumida como norma suprema en nuestro país en 1981. Antes de la transición democrática, el mayor número casos que resolvió fue sobre fraudes electorales. Sin duda, sus resoluciones influyeron para que en México se realizaran auténticas elecciones libres; hoy en proceso de extinción.
En el caso de la destrucción del Poder Judicial mexicano que se ha comenzado a ventilar, la CIDH funda su competencia en el artículo 8 de la mencionada Convención, relativo a las Garantías Judiciales, que establece la obligación de los Estados a establecer “tribunales competentes, independientes e imparciales”; específicamente la habilita el instrumento adoptado por el sistema interamericano en 1985, sobre Principios Básicos Relativos a la Independencia de la Judicatura, cuyo primer artículo reza:
“La Independencia de la Judicatura será garantizada por el Estado y proclamada por la Constitución o la legislación del país. Todas las instituciones gubernamentales y de otra índole respetarán y acatarán la independencia de la judicatura”.
No conozco resoluciones precedentes en la CIDH de un caso semejante. Lo relevante es que el vandalismo cuatrero que campa en la política ya está bajo la observación y a juicio de instancias jurídicas que escapan a su control y prevaricaciones.
Analista político
@lf_bravomena
