La difícil discusión del presupuesto desnuda la frustración del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la disponibilidad de recursos para implementar las prioridades de su cuarta transformación. A inicios de octubre del año pasado el entonces presidente electo sorprendió a muchos al diagnosticar que la economía estaba en “bancarrota”. Lo que quizá quiso decir es que, a través de la elaboración del presupuesto 2019, se había dado cuenta de que las posibilidades del gobierno eran limitadas, que eran necesarios recortes a muchos programas, lo que resulta siempre en oposición y que no existía un rubro etiquetado como corrupción del cual obtener recursos.
La discusión del presupuesto 2020 hace todavía más patente esta escasez. Uno de los principales retos para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público será el cumplimiento con el superávit primario pronosticado de 0.7% del PIB, en vista de la dificultad de que la economía crezca como anticipado a 2%, por la baja probabilidad que se consiga la plataforma de producción de Pemex estimada, por la fuerte presión para gastar más en nuevos programas y resultado de los recortes en salud, educación, campo y organismos de todo tipo. No falta mucho para que se haga evidente la incapacidad para sufragar compromisos de gasto y deuda de municipios, estados, universidades públicas, empresas del estado y entidades diversas.
AMLO tuvo la fortuna de ser electo en 2018 con una amplia votación y mayoría en las dos cámaras, pero quizá el infortunio de no haber ganado en 2006 con precios y volumen de petróleo mucho más altos. El presidente siempre ha pensado que la solución a la escasez presupuestaria es un Pemex exitoso que financie programas socio-electorales y proyectos de infraestructura preferidos.
Las cuentas de las finanzas públicas ahora le hacen conocer, pero todavía no reconocer, que la generación de flujo superavitario por parte de Pemex no da, ni será suficiente. No sólo por la enorme cantidad de recursos que demanda su reestructura (en sus primeros dos años de gobierno la inyección de fondos a la empresa ha implicado reducir presupuestos para programas sociales e infraestructura de transporte), sino porque Pemex y el sector petrolero ya no tienen el suficiente tamaño para convertirse en el motor de la economía de la dimensión y complejidad que se tiene.
Lo que diferencia irremediablemente a la economía mexicana del resto de las de América Latina es su naturaleza deficitaria en materias primas, incluidos granos e hidrocarburos. Por esta razón, los altos precios de las materias primas impulsaron a esas economías, pero empobrecen a la mexicana (aunque mejoren las finanzas públicas). A México le convienen precios bajos de materias primas para apuntalar sus ventajas comparativas fundamentales, incorporar mayor valor agregado por unidad producida y ser muy atractivo para la manufactura de clase mundial.
Es decir, el país debe seguir promoviendo la inversión y el crecimiento de la producción de materias primas, en especial hidrocarburos (reactivar las rondas cuanto antes), ya que son una fuente de recursos para el Estado, pero el beneficio más grande vendrá de que la disponibilidad abundante de fuentes de energía a precios competitivos se traduzca en inversión y actividad económica en sectores usuarios de esa energía. Es en éstos en los que se pueden crear los empleos necesarios para una economía incluyente y donde se generará la base gravable que permita invertir en la infraestructura que sostenga la alta productividad, que se provean servicios universales y garantice el estado de derecho. Para el país resulta más importante mirarse como comprador de energía que sólo como vendedor rentista como se hacía en el pasado. Contar con materias primas en abundancia no es la mejor receta para aspirar al desarrollo. Casi ninguna economía ha logrado el brinco del rentismo de las materias primas al desarrollo basado en la producción de bienes y servicios de alto valor agregado.
En América Latina son claros los ejemplos recientes de economías (Brasil Argentina, Bolivia, Ecuador, Venezuela) que no supieron aprovechar los altos precios de las materias primas gracias al crecimiento acelerado de China y la excesiva liquidez en los mercados para transformarse y transitar a la generación de alto valor agregado basado en el entendimiento del consumidor, el desarrollo de nuevos productos y servicios y el cambio tecnológico.
México tiene ante sí ahora una oportunidad de similar envergadura que dejará escapar si no la entiende. En esta última fase de la irrupción de China en los mercados mundiales y en la disputa por la supremacía con Estados Unidos, las grandes empresas de manufactura y tecnología buscan diversificar la exposición al riesgo chino que han acumulado en los últimos 25 años. Si se posiciona correctamente, México puede convertirse en el mejor diversificador del riesgo chino en el mundo y recibir muy significativos flujos incrementales de inversión con una capacidad transformadora en términos de empleo, remuneraciones, recaudación de impuestos, incrementos en el contenido nacional, avances tecnológicos y desarrollo regional incluyente.
Lograrlo no es una quimera, pero sí se necesita una visión y saberla vender interna y externamente: uno, asegurar la disponibilidad de gas natural en todo el territorio nacional y con precios texanos. Esto implica una gran inversión en el tendido de una red de gaseoductos; se ha avanzado, pero falta mucho por hacer.
Dos, invertir en el establecimiento de una infraestructura de transporte de primer mundo: si no se revive el NAIM, entonces convertir a los aeropuertos de Cancún, Guadalajara, Monterrey, Tijuana y Puerto Vallarta en grandes hubs internacionales y al de San Luis Potosí en un centro de operación de carga aérea de gran escala. Expandir la infraestructura de cruce fronterizo en el norte, para facilitar el paso de mercancías, y en el sur para promover el cruce legal de mercancías y personas. Aumentar la capacidad de operación de puertos de altura: Lázaro Cárdenas, Manzanillo, Veracruz y Tuxpan. Abrir una nueva frontera con Estados Unidos desde el Istmo al ligar Coatzacoalcos con Mobile Alabama y Progreso con San Petersburgo Florida y dar sentido al tren maya de carga.
Tres, apostar por el talento como ventaja comparativa fundamental al privilegiar la formación tecnológica, la capacitación y la investigación y desarrollo para impulsar la digitalización de la economía y la inteligencia artificial.
Cuatro, asegurar el Estado de derecho y contar con un mecanismo que permita desatorar los proyectos de inversión que, aun cumpliendo con todos los requisitos de ley, son con frecuencia sujetos de extorsión por grupos criminales, autoridades, competidores y chantajistas disfrazados de todo tipo de movimientos.
Sólo recuperar la confianza resultará en sólo crecer 2%.
