Hasta 2012 el arribo de las mayores cohortes demográficas de la historia al mercado laboral, en términos absolutos en millones de personas y relativos con respecto a la fuerza laboral, produjo un amplio “ejército industrial de reserva”, pocas posibilidades de mejoras salariales en términos reales y la explosión del número de mipymes informales como sustitutivas de las oportunidades de empleo.
Sin embargo, el mercado laboral mexicano se encuentra, desde hace una década, en un proceso de transformación radical. En 2013, la economía empezó a experimentar relativa escasez laboral tras 40 años con fuerte expansión de la oferta laboral por razones demográficas y por el incremento en la tasa de participación, factores que terminaban deprimiendo el nivel salarial ante una demanda laboral relativamente débil en el sector formal.
La situación estructural ahora es muy distinta: se pueden anticipar incrementos crecientes del salario real y bajas tasas de desempleo para los próximos 20 años o más. Se puede también anticipar una menor apertura de mipymes si se dan las condiciones para el crecimiento del sector formal. El significativo cambio demográfico representa la oportunidad más importante de la historia moderna para reducir la informalidad y la pobreza si se sabe aprovechar. Pero también el reto más grande, pues la sostenibilidad actuarial de gobierno y hogares, y evitar una espiral inflacionaria, dependen de un aumento monumental en la productividad laboral y empresarial.
La economía presenta una condición dicotómica: relativa escasez laboral formal que anticipa mejoras del poder de compra y de la distribución del ingreso a favor del trabajo, pero, por otro lado, abundancia laboral en la extendida informalidad. Si se acelerara el crecimiento de la formalidad se podrían lograr varios efectos positivos: que los jóvenes que ingresen a la fuerza laboral ya no opten por la informalidad como en cohortes anteriores, la permanencia de los trabajadores que oscilan entre formalidad e informalidad en la primera y el tránsito de informales a formales.
Con políticas favorables a la inversión para elevarla más allá de 25% del producto interno bruto (PIB), como aspira el Plan México, se podrían lograr reducciones récord en la informalidad de 54 por ciento en 2024 a 45% en 2030 y de la pobreza de 36.3% en 2022 a 25% al final del sexenio.
Pero esto requiere de un ambiente propicio a la inversión privada, sobre todo en el mercado de energía, en infraestructura de transporte y en nearshoring, así como mucha menor extorsión en la formalidad y una reducción del costo de la formalización. Mientras el análisis costo beneficio favorezca permanecer pequeño en la informalidad para evitar la extorsión (de inspectores, líderes sindicales, protección civil, policías, mafias en la distribución, criminales, competidores y secuestradores) y eludir el alto costo administrativo de la formalidad, no se logrará que las pequeñas empresas inviertan en su expansión y formalización.
Es en este contexto que deben evaluarse reformas sobre las condiciones laborales y las relativas a energía y estado de derecho. El costo de la compensación laboral ha crecido de manera significativa por el cambio estructural demográfico, pero también por el incremento de la tasa de contribuciones a los fondos de pensiones de las Afores y las reformas al sistema de subcontratación. Ambas positivas, sin duda, pero también encarecedoras del empleo formal. La percepción de deterioro en el servicio de salud que provee el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se empieza a convertir en un desincentivo adicional para la formalización.
Se discute estos días la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas por semana, 16.7 por ciento con respecto a 48, 20 por ciento a 40. Es una reducción significativa que impacta a muchos trabajadores, empresas y sectores y frena la formalización. Es curioso que en la economía moderna actual y, sobre todo, en la digital que viene, se discutan límites obligatorios al número de horas, el máximo, y no se ponga atención sobre el mayor impacto del mínimo de horas laboradas.
Además de la extorsión que desincentiva el crecimiento de las pequeñas empresas, una de las razones que explica la baja tasa de participación laboral, particularmente de mujeres, es la enorme dificultad que se tiene para formalizar números reducidos de horas laborales. No es sino hasta recientemente que se permite la inscripción al IMSS a personal doméstico que trabaje uno o dos días por semana o con diversos patrones. La inscripción de trabajadores de aplicaciones (Uber, DiDi, Rappi y otras) con flexibilidad en el número de horas apenas empezará a mediados de septiembre.
La incorporación de trabajadores domésticos y de plataforma con jornadas flexibles es un desarrollo potencialmente más importante que la limitación del número de horas. Descansa en la flexibilidad que prefieren tanto oferentes como demandantes de los servicios laborales. A muchos sorprende que choferes y repartidores de plataforma privilegien la flexibilidad sobre otras consideraciones. Esto obedece a que el tiempo que dedican a estas actividades tiene un costo de oportunidad (educación, otro empleo, participación en la informalidad, cuidados a otras personas, quehaceres en el hogar) y al valor que le asignan a la libertad: a la decisión personalísima de cuánto, dónde y cuándo trabajar, cuándo ingresar y cuándo retirarse de la fuerza laboral, de manera intermitente o permanente.
Con más facilidad para la contratación por un número de horas a elección de las partes, se fomentaría una mayor participación laboral, particularmente de las mujeres. De acuerdo con el Censo de población 2020, la fuente más robusta al no ser encuesta, la tasa de participación laboral en hombres era de 76 por ciento, mientras que de mujeres apenas 49. Habría seguramente una mayor, o mucha mayor, participación si pudieren laborar, legalmente y con seguridad social, Infonavit y Afore, un número de horas variables a la semana en función de otras actividades. Por ejemplo, jornadas más cortas para la convivencia en familia, jornadas intensas durante periodos pico de ventas o actividad económica como fines de semana, puentes, Semana Santa, Navidad y Año Nuevo, etcétera. O dos empleos de tiempo parcial.
Para las empresas es muy difícil contratar trabajadores por hora o hacerlo por un número inferior a la norma semanal de 48 o 40. Esto promueve la informalidad y el trabajo en el núcleo familiar en los que no hay límites, ni mínimos ni máximos. México es uno de los países con ingresos mixtos (al mismo tiempo capitalista y trabajador) más altos del mundo (22.1 por ciento del PIB en 2024) y cuenta con altísimo número de personal no asalariado, por ser también dueño. El Censo Económico 2019 contabilizó 6.2 millones de “propietarios, familiares y otros trabajadores no remunerados” que laboraban en 4.8 millones de establecimientos fuera del sector rural. La flexibilidad de horarios, días y temporadas podría también incentivar la formalización permanente.
El país también se distingue por la pronunciada oscilación entre informalidad y formalidad. Ello explica que haya cerca de 70 millones de cuentas en las Afores y en Infonavit cuando en el IMSS existen solamente 22 millones de trabajadores activos. Tal diferencia se explica por la entrada y salida de la formalidad y no tanto por el número de jubilados.
La inscripción para jornadas menores a 48 o 40 horas promovería que los oscilantes permanecieren en el IMSS, con derecho a la salud y sin abandonar sus ahorros en Infonavit y Afores y coticen contribuciones a la seguridad social que hoy se pierden.
La discusión para la incorporación de trabajadores de plataformas digitales transparentó el reto financiero que implican las contribuciones cuando se trabajan menos horas. Cuando la compensación es menor por el menor número de horas, una tasa ad valorem puede ser insuficiente para sufragar el costo por paciente en el sistema de salud del IMSS.
La regulación que entra en vigor en septiembre pretende resolver este dilema haciendo obligatoria la inscripción sólo para trabajadores de plataformas digitales cuyos ingresos sean superiores al salario mínimo. Esto implica que todos aquéllos que opten por trabajar menos, permanecerán como independientes o en la informalidad. Sin embargo, si ocurre un riesgo de trabajo, los administradores de las plataformas digitales serían responsables del pago del aseguramiento durante el tiempo de trabajo efectivamente laborado.
Sería mejor contar con un sistema en el que la inscripción a la seguridad social se pudiere llevar a cabo, para todo tipo de empleo, a partir de un número modesto de horas a la semana, ocho, por ejemplo, como instrumento formalizador e incentivador de la participación laboral. Hacerlo resultaría en contribuciones aún si son modestas. Para evitar un daño patrimonial al IMSS se podría establecer una regla para que cuando se atienda a un derechohabiente que cotice por debajo de un mínimo, el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) reasigne un porcentaje de los recursos que hubieren sido derogados por IMSS-Bienestar o Seguro Popular al IMSS para la atención de ese paciente. Así se empezaría a promover la portabilidad para que el PEF siga al paciente y no al revés.
La propuesta de eliminar las contribuciones a la seguridad social y sustituirlas con impuestos generales, IVA sobre todo, para eliminar la distorsión en contra de la formalidad, es atractiva pero políticamente inviable.
Con respecto al máximo número de horas, tres comentarios: uno, a mayor flexibilidad en la contratación por hora, mayor facilidad para que empresas se adapten a jornadas laborales cercanas a 40 horas, ya que podrían contratar las ocho “faltantes”. Dos, las 40 horas máximas se podrían plantear como objetivo deseable, pero dejar que empleados y empleadores acuerden el número de horas adicionales con salarios crecientes para que lleguen al doble a partir de 48. Tres, es importante que este incremento en el costo laboral se implemente de manera gradual.
Nota curiosa: la mayoría de los proponentes de 40 horas trabaja, libremente, mucho más de 48 o mucho menos de 40.
X: @eledece
