Había costado muchos años, casi tres décadas, ganar la credibilidad de la información pública y una mayor transparencia. Contar con fuentes no sesgadas y confiables de información es fundamental como insumo para la democracia plena, la toma correcta de decisiones, la ampliación del horizonte de planeación para las inversiones y el tránsito hacia una economía moderna e incluyente. La disponibilidad de información veraz es un bien público que permite la inclusión. En un país en que la obtención de información objetiva sea difícil y cara se excluye a todo aquél que no pueda pagarla o no sepa cómo conseguirla.
La reducción en el presupuesto del Inegi desde 2019 ha obligado a la cancelación de una serie de proyectos de recolección de información. Sin duda, había ahorros posibles en el instituto de estadística, pero los recortes reflejan que la calidad y oportunidad de la información pública no reciben el nivel de prioridad que merecen.
La pandemia del Covid-19 ha vuelto a poner sobre la mesa la importancia de la calidad, objetividad y oportunidad de la información. Ahora más que nunca se requiere del concurso de toda la sociedad y, para ello, de la confianza sustentada en buena información y comunicación. El gobierno ha insistido, por medio del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, en mantener el monopolio de la información sobre la dinámica del SARS-CoV-2 y sus consecuencias patológicas y en utilizar al modelo centinela como única fuente, a pesar de múltiples exhortos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para aumentar y diversificar las pruebas en varios órdenes de magnitud.
El modelo centinela es sin duda valioso y ha sido recomendado por la OMS desde hace tiempo. Sin embargo, no debe ser visto como excluyente de otras fuentes complementarias y sustitutas. Ganar una batalla sin inteligencia es muy difícil; ganar la guerra del Covid-19 sin ella casi imposible o altamente costoso. Es necesario acompañar al modelo centinela con pruebas rápidas masivas para detectar personas con Covid-19, disminuir la tasa de contagios y poder tratarlos a tiempo.
Cabe recordar que un alto porcentaje de infectados es asintomático, por lo que no puede saberse cuántos hay, ni dónde están, y han estado, sin pruebas masivas. Para alcanzar la escala necesaria es indispensable que las pruebas se puedan llevar a cabo en miles de puntos (la red de laboratorios de análisis en todo el país, por ejemplo) y que el costo sea sufragado por empresas, gobiernos y fundaciones, y no sólo por los ciudadanos. Se requiere también del levantamiento periódico de pruebas rápidas aleatorias a población abierta para estimar el alcance de los contagios por estado y en el ámbito nacional.
La abundancia de pruebas no es sólo útil para el aislamiento y tratamiento, sino para el regreso a la actividad económica. Sin pruebas sería irresponsable la reapertura. Para ello, además de las rápidas, es muy importante permitir las serológicas a gran escala para determinar el número de ciudadanos con anticuerpos por haber estado previamente expuestos al virus.
La autoridad ha utilizado el argumento de que las pruebas no son fiables al ciento por ciento. Si este fuese el principal problema, ningún país serio las estaría llevando a cabo; la realidad es la inversa: solo un país grande, México, se rehúsa a permitir la toma de pruebas a gran escala. Aun si la fiabilidad no fuese absoluta, la identificación de positivos y negativos es de suma importancia. Además, conforme se expande el contagio la fiabilidad de las pruebas serológicas (varias de ellas ya muy confiables) se fortalece al disminuir de manera precipitada el número de falsos negativos.
En vista del tamaño de la población y el largo retraso en la autorización e implementación de pruebas, México no contará con suficiente información en las próximas semanas cruciales. Por ello, una forma alternativa para calibrar la expansión de Covid-19 es la cuenta fehaciente de fallecimientos que es una muestra mucho más pequeña y fácil de obtener. El problema radica en que, hasta ahora, no se sabe a ciencia cierta la causa de muerte y la clasificación otorgada en las actas de defunción. Se sabe que con frecuencia se atribuye la muerte a neumonía atípica y no a Covid-19. Así, es muy probable que las cifras oficiales estén subestimadas.
Sin embargo, hay una metodología alternativa para obtener un estimado de fallecimientos. Los registros civiles de todo el país emiten y conservan actas de defunción todos los días del año y cuentan con una larga historia de ellas. El número de decesos por ciudad, estado y el país entero tiene un comportamiento estable en el tiempo y no es estadísticamente complejo predecir los fallecimientos por semana y mes para el resto de 2020, en circunstancias normales. Entonces, una buena proxy del impacto del Covid-19 consiste en medir la diferencia entre el número de actas de defunción, por cualquier causa, con el número esperado de actas con base al comportamiento histórico para cada localidad. Estas desviaciones permiten tener una idea de si hay un número de defunciones “excesivo” durante la etapa crítica de la crisis sanitaria y posteriormente un “faltante” en su etapa recesiva. Estas estadísticas son muy útiles para sopesar los costos y beneficios de continuar o aligerar el aislamiento.
Por supuesto, tales desviaciones pueden no ser atribuibles plenamente al Covid-19. Sin embargo, caben dos anotaciones: una, el menor número de visitas médicas y la posposición de tratamientos pueden derivar en fallecimientos indirectamente causados por el virus. Dos, en otros países se ha establecido que no pocos de los decesos recientes fuera de hospitales están también relacionados con la pandemia.
Propuesta: con el objeto de contribuir a una información más completa y útil para enfrentar el reto del Covid-19, el Inegi debería recopilar y sistematizar la información de todas y cada una de las actas de defunción históricas y actuales de todos los registros civiles del país de manera inmediata y urgente. Ésta es quizá la mayor contribución que podría hacer para que la inteligencia se convierta en un arma eficaz contra la pandemia. En Francia, el equivalente del Inegi publica el número de decesos diarios en 2020 comparado con 2018 y 2019 por departamento geográfico. En París, por ejemplo, la desviación de fallecimientos del 1 de marzo al 20 de abril de 2020 comparada con 2019 es de 75% adicionales.
