Por donde se le mire, la elección judicial fue una farsa. Un ejercicio simulado que, lejos de acercar al pueblo a la justicia, terminó por evidenciar el cinismo con el que algunos sectores del poder se aferran a la simulación democrática.
No se trató de una jornada ciudadana, sino de un montaje. Pruebas hay muchas, pero quizá ninguna tan elocuente como la intervención del magistrado electo del Tribunal de Disciplina Judicial, Bernardo Bátiz, quien, con una sonrisa de impunidad, restó importancia a los “acordeones” con los nombres de los aspirantes repartidos en las casillas. Lo dijo con la soltura de quien ya no teme ni la vergüenza ni el juicio público: “Inducir al voto no es un delito, forzar sí, obligar, amenazar, ¿pero pedir el voto? ¿qué quiere decir inducir?”, afirmó”. Así, sin rubor.
Pero el show se les salió de control. Por primera vez en la historia reciente, cinco consejeros del Instituto Nacional Electoral pidieron anular una elección. Cinco. Una cifra sin precedentes que, más que técnica, es moral. Es el grito institucional de que algo está podrido, de que no se puede seguir justificando lo injustificable.
Lo ocurrido en esta elección judicial no fue una serie de irregularidades aisladas, sino un patrón sistemático de simulación. Hubo testimonios de ciudadanos que encontraron las papeletas previamente marcadas, presencia de funcionarios que entregaban acordeones con los nombres de los aspirantes “recomendados”, casillas vacías en las que el conteo de votos fue inflado sin pudor. Todo ello bajo el amparo de un discurso oficial que se empeña en maquillar el fraude con la narrativa de una supuesta “participación popular”.
Y cuando la democracia se convierte en un acto sin personas, cuando deja de convocar a la ciudadanía y se transforma en una puesta en escena controlada por quienes ya tienen el poder, entonces sucede lo que Nietzsche advirtió con lúcida brutalidad: “El Estado es el más frío de todos los monstruos fríos. Miente fríamente; y esta mentira se arrastra de su boca: ‘yo, el Estado, soy el pueblo’.”
El problema ya no es sólo jurídico, es ético. Y eso, en una democracia, puede ser el principio del fin.
COLOFÓN: Ya están listas las bases de licitación para el primer tramo del proyecto ferroviario de pasajeros entre Apaseo El Grande y Querétaro, de 30 km. La Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF), encabezada por Andrés Lajous, publicó la convocatoria el 7 de junio. Hay cerca de 40 empresas interesadas y el plazo para presentar propuestas técnicas y económicas vence el 7 de julio. La junta de aclaraciones se pospuso al 23 de junio tras recibir más de 800 preguntas.
Entre las empresas participantes figuran varias que trabajaron en los tramos del Tren Maya, como Mota-Engil, CICSA, FCC Construcción, Grupo INDI, Azvi e ICA. Sin embargo, sus antecedentes no son alentadores: los primeros cuatro tramos del Tren Maya registraron más de 36 mil fallas técnicas y un sobrecosto que triplicó el presupuesto inicial, alcanzando los 520 mil millones de pesos.
Por eso, hay preocupación de que se repitan las prisas, errores y abusos que marcaron aquella obra. La ARTF tiene ahora la responsabilidad de seleccionar con rigor a las empresas más capaces, y considerar también a medianas compañías con experiencia comprobada, dejando fuera a las que ya demostraron su ineficiencia y encarecieron los proyectos.
Este tramo representa apenas el 1% del plan de trenes de pasajeros del gobierno de Claudia Sheinbaum, pero será clave para medir la capacidad de gestión y financiamiento de su administración. No se puede repetir la historia del Tren Maya: el costo por kilómetro no debe superar los niveles de un tren de alta velocidad si se quiere avanzar con responsabilidad y visión a futuro.
@LuisCardenasMX
