Gas Bienestar nació con un discurso de justicia social: gas barato para los pobres, cilindros nuevos, seguridad energética para las familias. Una promesa directa de Andrés Manuel López Obrador, que en 2021 prometió expandir el programa a todo el país. Tres años después, la realidad es otra: el proyecto no salió de nueve alcaldías en la Ciudad de México, nunca generó utilidades, opera con subsidios millonarios y es una máquina de pérdidas que Pemex no puede seguir sosteniendo.
Los números no mienten: de 254 millones de ingresos en 2022, Gas Bienestar cayó a 183 millones en 2023 y apenas 174 millones en 2024. Cero pesos de utilidad. En cambio, los gastos no paran: más de 1,300 millones para comprar cilindros que no sirven, millones más en reparaciones, y un historial de accidentes, como el caso de la mujer que murió en la Gustavo A. Madero por un tanque defectuoso de Gas Bienestar.
Mientras tanto, Pemex sigue endeudándose para mantener a flote este capricho presidencial, mientras otras áreas estratégicas de la empresa agonizan.
Pero lo más grave no es el fracaso económico: es la asfixia deliberada al sector privado. Desde 2021, el precio del gas LP permanece congelado en 10.61 pesos por litro, pese a que los costos operativos han subido más del 100%. Ni la gasolina, ni el diésel, ni el gas natural enfrentan esta camisa de fuerza. Solo el gas, un energético del que dependen 76% de los hogares en México.
Las gaseras privadas están al borde de la quiebra. Denuncian despidos masivos, bloqueos de permisos, inspecciones arbitrarias y una política de hostigamiento que no deja espacio para operar. Y aunque han buscado diálogo con el gobierno, la respuesta es el silencio.
Un silencio que no es ingenuo. Cada vez más voces señalan que esto no es un error técnico ni una mala política, sino un “golpe blando” cuidadosamente ejecutado: un proceso de estrangulamiento financiero y normativo para debilitar al sector privado, desmantelarlo y sustituirlo por operadores cercanos al poder.
¿Quién está detrás? El nombre que resuena es Luz Elena González, la secretaria de Energía, señalada por su cercanía con Andrés López Beltrán, hijo del expresidente. Diversas fuentes apuntan a una red de influencias obradoristas interesada en capturar sectores estratégicos de la economía, como el gas, para sus propios fines.
Esto no es ayuda a los pobres. El tope de precios al gas no ha bajado la tortilla, no ha hecho más barato el transporte, no ha beneficiado a las familias. El único resultado real es el colapso del sector gasero privado, el hundimiento de Pemex, el riesgo de desabasto, y una crisis energética que puede estallar en cualquier momento.
Incluso Claudia Sheinbaum ha tenido que reconocer la urgencia de revisar el modelo, pero Luz Elena González se niega a abrir la puerta al diálogo. ¿Está rebasada o es la mano ejecutora de un plan político para quedarse con el negocio?
Porque no nos engañemos: los nuevos golpes de Estado no se dan con tanques en la calle, sino con decretos, regulaciones asfixiantes y redes de poder bien colocadas.
El país está frente a una crisis anunciada. Si no se detiene esta estrategia de desmantelamiento, mañana no habrá gas en las estufas, ni trabajo en las plantas, ni futuro para millones de familias mexicanas.
El gas del "bienestar" no es para el pueblo: es la chispa de una crisis que amenaza con incendiar al país.
@LuisCardenasMX