El imperio de la política es, pues, el imperio de la mentira.
-José Ortega y Gasset
Vamos a suponer que la idea suena bien: que el pueblo elija directamente a jueces, magistrados y ministros. Que ya no sean designados “desde arriba”: nada de ternas al Senado, sino por voto directo. ¿Se podría estar en contra de algo así? Sin embargo, como ocurre muchas veces en la política mexicana, lo que se anuncia como una democratización profunda encierra en realidad una lógica perversa: la subordinación del Poder Judicial al poder político.
Desde el Senado, Gerardo Fernández Noroña ha anunciado que este martes la Cámara Alta impugnará ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) el acuerdo del INE que les prohíbe hacer difusión sobre la elección de jueces. No se trata de una preocupación por el debate público, sino de una intención clara: desplegar propaganda masiva (lonas, bardas, volantes) para influir, desde el poder, en un proceso que todavía no existe formalmente. Los senadores, en lugar de asumir su papel como legisladores, actúan como operadores electorales del régimen.
Este impulso por parte de Morena y sus aliados se da en un contexto inquietante. Apenas hace unos días, la mayoría en la Cámara de Diputados aprobó una reforma que exenta a la Sedena, Pemex y CFE de cumplir con las reglas de transparencia en contrataciones. También se avaló la desaparición de CompraNet, la plataforma pública de licitaciones, reemplazada por una nueva sin detalles operativos claros. ¿Cómo puede hablarse de “más democracia” cuando simultáneamente se desmantelan los mecanismos básicos de rendición de cuentas?
En este clima de opacidad, se plantea una de las reformas más delicadas para el equilibrio de poderes. Porque no hay democracia sin división de poderes, y no hay división de poderes si uno de ellos —el Judicial— se somete al juego político y electoral. Elegir a jueces como si fueran diputados o alcaldes no garantiza su independencia; por el contrario, los expone a las mismas presiones partidistas, mediáticas y clientelares que han erosionado la confianza en otras instituciones.
El argumento central de quienes defienden la elección judicial es que así se “acaba con la élite corrupta” del Poder Judicial. Pero nadie explica cómo elegir jueces por voto directo resolverá problemas estructurales como la falta de formación, los rezagos procesales o el abandono institucional del sistema de justicia. ¿También se financiará las campañas de estos jueces? ¿Hubo transparencia en la selección de los aspirantes? ¿Qué papel jugarán los partidos en esa contienda? Ninguna de estas preguntas ha sido respondida con seriedad.
Lo que sí es evidente es el intento de transformar al Poder Judicial en una instancia obediente, alineada con el partido Morena. Si además se elimina la transparencia en las contrataciones públicas y se concentran facultades sin controles, el escenario es claro: una democracia de fachada, en la que la voluntad del pueblo es invocada como coartada para anular los contrapesos.
La ciudadanía tiene derecho a una justicia imparcial, profesional y autónoma. Lo que se propone no es eso. Es una reforma que, bajo el manto de la elección popular, busca debilitar uno de los últimos frenos institucionales del poder presidencial.
La verdadera transformación no se consigue pintando bardas. Se logra garantizando que los jueces actúen sin miedo, sin consignas, sin compromisos partidistas. En eso consiste la justicia. Todo lo demás es propaganda.
DE COLOFÓN:
Mientras el gobierno presume avances, México enfrenta una crisis educativa profunda. La reforma de López Obrador desmanteló los órganos de evaluación sin ofrecer alternativas, dejó a los maestros sin capacitación real y sumió al sistema en la opacidad. El resultado: baja comprensión lectora, dominio deficiente de matemáticas, abandono escolar creciente y escuelas públicas sin servicios básicos.
Claudia Sheinbaum prometió ser “la presidenta de la educación”, pero hasta ahora ha continuado el modelo fallido. Se reparten becas sin estrategia, el presupuesto se ejerce sin asesoría técnica, y no hay diagnóstico claro del aprendizaje tras la pandemia. México sigue siendo un país de secundaria, con un promedio de escolaridad de 9.7 años.
Con 34 millones de alumnos y más de 2 millones de docentes atrapados en un sistema estancado, la SEP guarda silencio y no hay señales de cambio profundo. ¿Qué hace Mario Delgado?
@LuisCardenasMX