Nos dijeron que fue un “éxito democrático”. Que “el pueblo informado” votó. Que fue “una elección ejemplar”. Pero basta rascar un poco la superficie para ver lo que realmente ocurrió el domingo pasado: una puesta en escena cuidadosamente montada, diseñada para hacer pasar por participación ciudadana lo que fue, en realidad, una operación desde el poder.
El uso masivo de acordeones —esas listas con los nombres “sugeridos” por Morena— no fue un accidente, ni una ocurrencia espontánea del “pueblo creativo”, como quiso hacer creer Luisa María Alcalde. Fue parte de una maquinaria. Los nombres aparecieron semanas antes en chats oficiales, enviados desde Palacio Nacional a gobernadores, y luego mágicamente replicados en panfletos callejeros y centros de votación. No fue una campaña de ideas, fue una coreografía.
Entre los nombres que más llamaron la atención está el de Hugo Aguilar Ortiz, quien obtuvo la mayor cantidad de votos en la elección. Su caso ha sido presentado como ejemplo de inclusión: un hombre con identidad indígena, originario de Oaxaca, que llega a la antesala de la Suprema Corte. Y sí, ese gesto tiene un valor simbólico importante. Pero el problema no es Hugo en sí, sino el contexto en el que se produce su ascenso.
Aguilar no tuvo una campaña visible, no participó en debates públicos, y sin embargo fue el más votado. En un país donde el 87% del padrón no acudió a las urnas, y donde se repartieron acordeones con su nombre, es legítimo preguntarse si su triunfo fue auténticamente ciudadano o resultado de una decisión tomada desde arriba. Porque más allá de su identidad o de sus méritos personales, Hugo parece haber sido designado por el régimen como la cara amable del proceso. Una forma de blindar simbólicamente una elección profundamente cuestionable.
No es el único. Yasmín Esquivel, Lenia Batres, Loretta Ortiz, Sara Herrerías... todos llegaron a la Corte no por su independencia, sino por sus vínculos. Algunos deben su cargo a Gertz Manero, otros al Señor de Palenque y su círculo íntimo. Lo dijo el propio Anaya en el Senado: varios de los nuevos ministros ni siquiera pudieron responder preguntas básicas de derecho. Pero eso da igual: el saber jurídico quedó en segundo plano frente al saber obedecer.
El verdadero drama está en lo estructural. Esta elección judicial fue presentada como un acto democratizador, pero en realidad sirvió para consolidar el control del Poder Ejecutivo sobre el Judicial. La participación fue mínima, las reglas del juego oscuras, la información escasa. En lugar de empoderar a los ciudadanos, el proceso los redujo a espectadores.
Lo que viene no es una Corte independiente, sino una Corte domesticada. Y lo peor es que esta farsa se presenta como un avance histórico. Que alguien como Hugo esté ahí, sí puede ser motivo de orgullo si su función es juzgar con autonomía y conciencia. Pero si su papel es encubrir la colonización del Poder Judicial bajo la máscara de la representatividad, entonces el gesto pierde valor y se convierte en utilería.
Decía un refrán viejo y cínico: “Destruir la democracia en nombre de la democracia: la trampa perfecta del autoritarismo”. Y eso fue lo que vimos el domingo: una simulación. Un crimen político sin castigo. Una coreografía vacía con aplausos ensayados.
No fue una elección. Fue un guion. Y ya lo vimos representado.
COLOFÓN 1: Las derrotas en Durango, Veracruz y la fallida elección judicial debilitan la proyección de Andy López Beltrán como heredero del lopezobradorismo. Su red de poder, construida a través de contratos en Cenagas y Dos Bocas, comienza a tambalearse. La participación de apenas 13% en la elección judicial expuso el desgaste de Morena y sus operadores.
En paralelo, las negociaciones entre gaseras y la Secretaría de Energía podrían frenar la captura política del sector energético. El Gas LP abastece al 76% de los hogares del país y su control no puede quedar en manos de redes opacas.
Un acuerdo sin condiciones políticas marcaría el inicio del fin para la estructura de poder que Andy construyó en la sombra.
COLOFON 2: Aunque Hugo Aguilar Ortiz asumirá la presidencia de la Suprema Corte, su permanencia no está garantizada: puede renunciar en cualquier momento y por cualquier motivo. Esto abre un vacío legal que ya genera tensiones dentro del Poder Judicial. ¿Debe asumir Lenia Batres como sucesora natural o, como marca el artículo 14 de la Ley Orgánica, el Pleno debe elegir a un nuevo presidente? La disputa no es menor: el bloque más crítico busca frenar, desde ahora, cualquier posibilidad de que Batres alcance la presidencia en 2027. Mientras tanto, en los pasillos hay intercambio de opiniones, alineando posturas y preparando el siguiente capítulo de una Corte que aún no termina de escribirse.
@LuisCardenasMX
