En México, viajar en autobús no es solo una aventura incómoda: es un atraco, no la posibilidad de un atraco que termine muy mal, es un robo, el pasajero es robado abiertamente, con descaro, todos lo saben y nadie hace nada.
Hace poco, la 4T se aventó la puntada de desaparecer a la Cofece y al IFT, dos organismos que, con todo y sus limitaciones, intentaban ponerle un alto a los abusos de los grandes poderes económicos. La verdad, ni en los sueños más intensos de los neoliberales hubiera pasado esto.
En su lugar, va a nacer la flamante Comisión Nacional Antimonopolios, que dependerá de la Secretaría de Economía y que, todo apunta, con limitados recursos humanos, técnicos y presupuestales, será una comisión de ornato.
Pero volvamos al tema, el transporte de pasajeros en autobús, uno de los monopolios más viles, uno que afecta a los más necesitados y que se vuelve la muestra del compadrazgo gandalla que gobierna el país.
Todo esto bajo el mando de un puñado de empresas que se reparten el pastel como si fuera herencia: IAMSA, ADO, Estrella Blanca y Senda. Las “Cuatro Hermanas”, como les dicen.
Estas empresas no solo controlan las rutas: también, en los hechos, de facto, son las dueñas de las terminales, esas 900 terminales de pasajeros en el país que, en su mayoría, se caen a pedazos, que hieden el maltrato a sus pasajeros y desbordan de inseguridad.
Ellas, las “Cuatro Hermanas”, deciden precios, horarios, quién sube, quién baja y quién se queda fuera, ¿competencia?, ¿piso parejo?, nada.
La Cofece, antes de que la apagaran, lo documentó clarito en 2022: detectó prácticas monopólicas e impuso una multa histórica de más de 1,200 millones de pesos y calculó que los pasajeros fuimos estafados por más de 3,300 millones.
Otra vez, pero con negritas: calculó que los pasajeros fuimos estafados por más de 3,300 millones.
Pero claro, las empresas se hicieron las ofendidas y alegaron “inocencia” y mediante prácticas leguleyas lograron evadir sus responsabilidades.
Y aunque en México se hacen casi 4 mil millones de viajes al año en autobús, y este medio mueve al 95% de las personas que se trasladan entre ciudades (principalmente gente con ingresos bajos o medios), nadie ha querido meterle mano al problema.
Ni en la gestión de Jorge Nuño, ni ahora con Jesús Esteva al frente de la SICT.
La estructura legal con la que se otorgan permisos y licencias sigue igualita a la de hace 80 años. Literal, ¡80 años!
Es un modelo hecho para que no haya competencia, ahí están los números: de unas 5,800 rutas registradas, al menos la mitad las opera una sola empresa. O sea, no compiten: se reparten a los pasajeros como si fueran botín de ganado.
Vamos a ver si es cierto eso de que “primero los pobres”, ignorar el problema sería traicionar el compromiso que el gobierno de la presidenta Sheinbaum tiene con una gran parte de su base que esperan mejores condiciones de vida y de movilidad
El transporte en autobús no debería ser sinónimo de humillación, ni de maltrato ni de miseria.
Pero mientras las Cuatro Hermanas sigan mandando, lo seguirá siendo.
Viajar en camión en México es, hoy por hoy, subirse al poder de una mafia tan mezquina que se siente con el derecho de ofrecer un servicio jodido a sabiendas de que la mayor parte de su clientela ya sea por pobreza, por ignorancia o por necesidad se quedará callada.
@LuisCardenasMX