Sólo nos es dada la esperanza por aquellos que no tienen esperanza.
Walter Benjamin
Nunca había visto a esta administración tan molesta, tan crispada, tan empeñada en desactivar la conversación pública a cualquier costo.
El corifeo del oficialismo salió en bloque a tratar de imponer su narrativa sobre el 15N: que no fue tanta gente, que no eran jóvenes, que eran los mismos de siempre, que asistieron viejos políticos de los que nadie se acuerda.
Pero lo que el gobierno omite, y lo que más les incomoda, es la razón de fondo por la que miles de personas salieron a las calles: el pueblo bueno ya se hartó. Hastiado. Rebasado por un país donde la violencia ya forma parte de lo cotidiano. La marcha no fue una maniobra de “la derecha”, ni un golpe electoral anticipado: fue un grito desesperado de una sociedad que ya no puede más.
Ahí está el asesinato del alcalde Carlos Manzo, un crimen que muestra la indignación nacional; el caso brutal de los tres adolescentes que lo mataron y luego fueron asesinados; la masacre en Puebla ocurrida apenas antier; y un largo etcétera, una tragedia al día, una aberración a la semana que supera la de la semana anterior. Un desbordamiento de sangre que se transforma en dolor y ahora en rabia social.
Ardemos, el país está en llamas mientras el poder parece empeñado en mirar hacia otro lado. Les preocupa mostrar, como dicen en la mañanera, que el pueblo y los jóvenes “apoyan la transformación”, al menos los que siguen vivos, porque los muertos, claramente, no les importan.
Más grave todavía es el instinto del gobierno para desprestigiar a quien no piensa como ellos. Es una reacción que exhibe tics autoritarios, Sheinbaum había marcado distancia de esa lógica, pero ante la presión del 15N regresó al clásico libreto lopezobradorista: descalificar, etiquetar, dividir.
Ese camino, además de torpe, es profundamente antidemocrático y quizá termine por costar caro a la Presidencia en las encuestas, en las de verdad, no en las de mercadotecnia porrista.
Súmele al desastre la manera en que se realizaron las detenciones. Todo apunta a que hubo un impulso punitivo para castigar la protesta, represión al puro estilo del priato más rancio, a costa de llevarse inocentes entre las manos.
El abogado de ocho detenidos en la Ciudad de México, Ricardo Colorado, me dijo ayer en MVS que sus algunos de sus representados expectoran sangre, que sufrieron fuertes golpes y torturas por la policía capitalina y que, lo peor, han acreditado una vida totalmente ajena a lo que se esperaría de un agitador profesional, tienen trabajos, estudios y familia. No detuvieron a nadie del Bloque Negro.
Está el caso de Gabriel Pérez, con quien también hablé al aire, dice ser funcionario de la Ciudad de México, exsimpatizante de la 4T que había acudido a la marcha por curiosidad y con la intención de documentar un poco de lo que sucedía, sin embargo, el tatuaje prominente en la cabeza de Gabriel lo hace ver como un cholo, un malandro a los ojos de algunos policías capitalinos que terminaron por encapsularlo y golpearlo hasta que casi pierde un ojo.
Gabriel, junto con otros detenidos representados de Colorado, han logrado llevar el proceso en libertad, pero están acusados de delitos tan graves como la tentativa de homicidio, tanto ellos como sus familias tienen más miedo que rabia, pero es factible que las emociones se alternen muy pronto y le estalle al gobierno otro problema más: son represores.
El gobierno tiene una oportunidad de oro y la deja ir, el enemigo no es el ciudadano. El enemigo es el crimen organizado y la mayor parte de los ciudadanos queremos unirnos contra él.
La ciudadanía no está marchando para derrocar a nadie, está marchando porque quiere vivir en paz. Y un gobierno que se dice progresista debería comprender esa diferencia elemental.
Si el gobierno decide ver al ciudadano como adversario y al criminal como interlocutor, el país seguirá hundiéndose. Si, por el contrario, escucha el hartazgo social y asume la crisis de seguridad como la emergencia que es, quizá encuentre en la gente el apoyo que tanto y tanto presume tener.
Hoy, el poder teme a quienes marchan. Debería temer a quienes matan.
De Colofón.- La Auditoría Superior del Estado de Guerrero ha presentado denuncias por presuntas irregularidades en el uso de casi 900 millones de pesos en la administración de la presidenta municipal de Acapulco, Abelina López, que se ha negado a transparentar.
La morenista enfrentada con el poder local ha sido blanco de escándalos, que van desde acusaciones de autoritarismo hasta el uso de joyas que dice, le regala el pueblo que la quiere.
Sin embargo, muy pronto estos podrían ser los más leves de sus problemas, hay sospechas que vienen del otro lado del Río Bravo con relación a los vínculos criminales que la protegen.
Lejos de que hasta el momento se hayan registrado dos ataques de la estrategia del Pentágono contra narcoterroristas en los mares cercanos a Acapulco.
@LuisCardenasMX