Frente a la persistente violencia que México ha enfrentado por más de tres lustros, es fundamental fortalecer las capacidades normativas y tecnológicas del Estado. Pero hacerlo sin salvaguardas robustas para los derechos humanos y la rendición de cuentas, puede generar riesgos indeseables.
Lo anterior viene a cuento ante la avalancha de cambios legales que —sin la deliberación pública y parlamentaria que sería de esperar— está en vías de adoptarse. En unos pocos días, el país contará con una nueva arquitectura institucional en seguridad. Serán aprobados los nuevos marcos jurídicos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de la inteligencia civil y militar, de la Guardia Nacional militar, y del monitoreo del lavado de dinero, entre otros. Así mismo, en otras legislaciones, como la de telecomunicaciones o en las muy limitadas reformas en materia de búsqueda de personas desaparecidas, se aprobarán figuras en las que se juega el derecho a la privacidad, como la Clave Única de Registro Poblacional con datos biométricos.
La aprobación de este andamiaje legal ha generado preocupación. No sólo porque le preceden reformas igualmente inquietantes, como la ampliación de la prisión preventiva oficiosa. También porque varias de las modificaciones actuales no incorporan protecciones suficientes para resguardar los derechos fundamentales. Y porque omiten la creación de contrapesos institucionales que aseguren una rendición de cuentas efectiva ante el incremento de atribuciones en manos de ciertas autoridades.
Esto ocurre, además, en un entorno donde las respectivas instancias de monitoreo y control han desaparecido o se encuentran en franco deterioro. Por ejemplo, si hablamos de la protección de datos personales, es un hecho que ya no contamos con la institución a cargo de esta tarea: el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Si hablamos de la posibilidad de que la ciudadanía denuncie posibles abusos castrenses asociados con la militarización, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se halla desde hace años en una lamentable deriva. Y si hablamos de la protección de las personas frente a la arbitrariedad y la ilegalidad, habrá que decir —como mínimo— que es incierto si el nuevo Poder Judicial de la Federación tendrá la autonomía requerida para brindar el amparo y la protección a quien por justicia lo requiera.
Los antecedentes justifican los temores. Ya en el pasado, la adquisición de tecnologías de punta para hacer frente al crimen organizado engendró abusos al emplearse sin contrapesos ni controles externos. Ése fue el caso del potente software Pegasus, que terminó siendo usado en contra de periodistas y defensores de derechos humanos, entre ellos el equipo directivo del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C., obra Social de la Compañía de Jesús.
Por estas experiencias, en las presentes discusiones la Universidad Iberoamericana no ha dejado de generar propuestas, que encaran el doble reto de abonar al fortalecimiento del Estado, al tiempo que no renuncian a la rendición de cuentas y al respeto a los derechos humanos. Así, por ejemplo, desde el Programa de Seguridad Ciudadana de nuestra Casa de Estudios intentamos — sin eco hasta la fecha— hacer propuestas para que el Sistema Nacional de Seguridad Pública incluya instancias externas de control.
Continuaremos en este tono propositivo.
A todas y todos interesa que nuestro México adolorido recupere la tranquilidad, disminuyendo progresivamente las violencias y debilitando la gobernanza criminal que controla diversas regiones del país. Pero la ruta que transite hacia ese fin no debe pasar por alto el respeto de los derechos humanos, la deliberación pública para construir consensos, y el diseño de contrapesos y mecanismos de rendición de cuentas.
Es lamentable que no sean estos componentes los que guíen las discusiones en el período extraordinario que hoy tiene lugar. Hay que decirlo de nuevo, como en la Ibero lo hemos dicho siempre: la seguridad sin derechos es un paradigma indeseable.
