México enfrenta hoy un escenario político e institucional desafiante. La reforma judicial que se está llevando a cabo pone en riesgo algunos de los pilares de nuestro Estado de derecho. En nombre de la voluntad popular se apuesta por la elección directa de personas juzgadoras, sin considerar que la legitimidad judicial no puede sustentarse únicamente en las urnas. Un juez electo por comicios abiertos fácilmente puede perder el resguardo que otorga la independencia frente a los poderes políticos o fácticos. Del mismo modo, está en juego el valor que confiere una trayectoria profesional basada en el conocimiento técnico, la ética y la imparcialidad.
Desde luego, el sistema de justicia necesitaba reformas profundas, sobre todo para ampliar el acceso de las y los más pobres a su institucionalidad. No obstante, la reconfiguración a la que asistimos muestra ya señales preocupantes. Lo que vemos al inicio de las campañas para ocupar cargos judiciales, es que en su mayoría están marcadas por estrategias de corte clientelar, eslóganes vacíos y videos para redes sociales que trivializan una función esencial para la vida democrática. Las candidaturas que apelan al espectáculo o a intermediarios políticos para ganar votos confirman los peores temores sobre la reforma.
A ello se suma una omisión inquietante: la reforma judicial en vías de implementación no toca a las fiscalías. Muchas de ellas operan sin enfoque de derechos humanos y con altos niveles de impunidad estructural, corrupción e ineficiencia. Lo vimos con claridad en el caso de Teuchitlán, Jalisco, donde la actuación negligente de la fiscalía estatal y la reacción ambigua de la fiscalía federal evidenciaron a un ministerio público que no ampara a las víctimas.
Como abogado, pero también como jesuita y educador, puedo dar testimonio de lo que implica enfrentarse a este sistema. Durante años, como Director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro-Juárez, acompañé de cerca a personas sujetas de injusticia legal. Si algo aprendí en ese tiempo, es que nuestro problema más significativo de justicia no está en la Suprema Corte, sino en los juzgados locales; no en la vigilancia judicial desde arriba, sino en el acceso efectivo a la justicia desde abajo; no sólo en el juzgamiento, sino también en la investigación.
Frente a una reforma judicial riesgosa y marcada por omisiones graves, las universidades no pueden permanecer indiferentes.
Las instituciones de educación superior no son, obviamente, poderes del Estado ni instancias de representación política. Pero la universidad sí puede ser, como decía el rector jesuita Ignacio Ellacuría, “una fuerza social marcada por su tiempo, llamada a iluminar y transformar la realidad en la que vive y para la que debe vivir”[1]. En un país como el nuestro y en este contexto la realidad nos demanda producir conocimiento útil, fundado en datos y análisis, pero también guiado por una ética pública indeclinable.
Por eso hemos lanzado el “Observatorio Ibero sobre el Sistema de Justicia”, como una forma concreta de responder a esta encrucijada. No pretendemos tener todas las respuestas. Pero sí estamos convencidas y convencidos de que no es posible construir un país más justo si en las universidades no nos involucramos o si renunciamos a nuestro papel de conciencia crítica.
Para este Observatorio, la Universidad Iberoamericana no parte de cero. Contamos con una larga tradición de excelencia en estudios jurídicos, marcada por figuras como la del padre Miguel Villoro, primer director de nuestro Departamento de Derecho. Hoy, en este nuevo esfuerzo, el Observatorio será liderado por la doctora Ana Laura Magaloni, reconocida jurista, académica y formadora.
Nuestra misión y tradición educativa humanistas nos llaman a actuar con discernimiento, valentía y responsabilidad social. El Observatorio que hemos puesto en marcha tiene esa vocación: ser un espacio de análisis estructural y de propuestas concretas.
Con ayuda de esta iniciativa también actualizaremos la forma en que enseñamos Derecho. Revisaremos nuestros planes de estudio en áreas como Derecho Constitucional, Amparo y Derechos Humanos. Crearemos un seminario permanente sobre la reforma judicial y nos mantendremos en diálogo constante con litigantes y organizaciones de la sociedad civil, para que nuestras aulas estén conectadas con la realidad jurídica del país.
En las universidades estamos llamadas y llamados a sostener estos diálogos, a observar con rigor y a incidir desde la ética y la investigación. En un momento así, no podemos permitirnos la indiferencia.
Rector
Universidad Iberoamericana-CDMX
