Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2025 —publicada recientemente por el INEGI—, en el 93.2% de los delitos no hubo denuncia ni investigación formal. Esto significa que sólo uno de cada diez llegó al sistema de justicia.
Vale la pena insistir en este dato, que muestra la magnitud del problema de impunidad en el país: 9 de cada 10 delitos quedan sin sanción.
La cifra retrata una realidad dolorosa e insoslayable. La impunidad sigue campeando en el país, por más que diversas voces insistan que nuestra Nación transita por una vía promisoria en justicia y seguridad.
Y aunque se nos distraiga con diagnósticos errados, la realidad es que, detrás de esta estadística apabullante, subyace —ante todo— la crónica debilidad de las fiscalías. Penosamente, como han documentado el Programa de Seguridad Ciudadana de la Ibero y otras instancias, en los últimos años no se observan mejoras sustanciales en la capacidad de estas dependencias estatales para llevar los casos a buen término, a pesar de las numerosas reformas legales.
De ahí que la impunidad sea la constante, y no una excepción. Su persistencia debilita la legitimidad institucional y erosiona el vínculo entre ciudadanía y autoridad. Además, está con mucha frecuencia ligada a la corrupción.
Lamentablemente, la más reciente reforma judicial dejó al margen la necesaria revisión profunda de las fiscalías, al centrarse de modo desproporcionado en la judicatura. Con ello, se dejó intocado uno de los engranajes fundamentales del sistema. En muchas ocasiones, nuestras fiscalías siguen enfrentando desafíos criminales del siglo XXI con metodologías del siglo XIX.
En este contexto, desde luego que hay que reconocer que en el presente los homicidios dolosos no continúen su crecimiento exponencial. Pero, simultáneamente, tenemos la obligación de seguir preguntando: ¿En cuántos de estos homicidios las investigaciones derivaron en la presentación de acusaciones sólidas? ¿En cuántas de estas tragedias los responsables materiales e intelectuales fueron realmente identificados y procesados?
Nuestro país necesita con urgencia propuestas integrales —basadas en evidencia empírica—, que mejoren el funcionamiento de las fiscalías. Que reconstruyan las capacidades —en muchos estados nimias— de policías de investigación, peritos y ministerios públicos. Que contribuyan a que quienes acuden a presentar una denuncia sean tratados con dignidad y deferencia; que aseguren que estas instancias se abran a la transparencia, a la rendición de cuentas y a los controles externos. Y que garanticen un servicio civil de carrera, que premie el ascenso de los ministerios públicos más capaces y honestos.
Pero estamos lejos de que este tema se discuta con la seriedad y urgencia que se requieren. Por eso, mientras que el 99% de los delitos carezca de consecuencias legales, la insistencia en que vamos bien en seguridad no dejará de ser una perspectiva parcial e incompleta.
Quienes trabajamos en las instituciones de educación superior tenemos una tarea esencial frente al reto de la impunidad. Las y los universitarios estamos llamados a formar un alumnado que pueda ser a la vez crítico y propositivo, responsable de generar conocimiento mediante la investigación con pertinencia social. En la Universidad Iberoamericana —desde la tradición educativa jesuita—, nos tomamos en serio tal desafío, al que intentamos responder con iniciativas valiosas, como nuestros programas de incidencia. Ellos, desde visiones interdisciplinarias, intentan desarrollar propuestas que contribuyan a que se enfrente la impunidad prevaleciente.
No normalizar este flagelo es una forma de ocuparnos de este país nuestro, tan atravesado todavía por la violencia. Romper la impunidad sistémica exige más que discursos: demanda reformas concretas, apertura a visiones innovadoras y voluntad política que trascienda los ciclos electorales. Por más que se reforme a los poderes judiciales y por más que se militarice indebidamente la seguridad, si no se transforman a fondo las fiscalías, la próxima ENVIPE no será muy distinta a la que recientemente se publicó. En nuestra capacidad de construir propuestas y acuerdos nos jugamos que el futuro no repita el presente.
Rector de la Universidad Iberoamericana CDMX
