Soberanía de papel y la Pax Narca

Mientras las ráfagas de fusiles automáticos imponen un toque de queda de facto en las calles de Culiacán, el oficialismo en San Lázaro ha decidido que la prioridad nacional de esta semana consiste en legislar sobre la pureza del pasaporte. El contraste es tan ridículo como trágico: mientras el Congreso de la Unión se desgarra las vestiduras para aprobar a marchas forzadas el dictamen de la "Nacionalidad Única" con el fin de proteger la patria de presuntas garras biculturales en el poder, el Poder Ejecutivo Federal parece claudicar cada día más en su obligación primaria de ejercer el monopolio de la fuerza en el territorio sinaloense. 

La declaración de la presidenta Claudia Sheinbaum este lunes desnudó la verdadera brújula moral de la estrategia de seguridad del Estado. Al asegurar que la violenta crisis en Sinaloa es culpa del "injerencismo" extranjero —haciendo alusión a la captura de Ismael "El Mayo" Zambada por parte de agencias estadounidenses—, el gobierno federal envió un mensaje demoledor a la ciudadanía. El pecado original no fue la gobernanza criminal que por años ha sometido a comunidades enteras, sino la intromisión externa que vino a desestabilizar la cómoda, hipócrita y dócil Pax Narca que el Estado administraba con complacencia.

La traducción de la postura oficial raya en el cinismo absoluto: bajo esta óptica oficialista, los más de 4 mil muertos acumulados y los más de 5 mil desaparecidos en la región no son el resultado de la impunidad rampante o de un Estado ausente, sino las desafortunadas consecuencias de que un gobierno extranjero decidiera romper la armonía local al llevarse a un capo.

Es ahí donde converge la gran simulación de la agenda legislativa actual. El bloque mayoritario de Morena y sus aliados argumenta con un fervor casi religioso que un gobernante o un legislador con doble nacionalidad representa un peligroso "conflicto de interés" y una ventana abierta a la interferencia foránea en las decisiones de Estado. Sin embargo, esas mismas tribunas guardan un silencio sepulcral ante el verdadero conflicto de interés que arde en el país: una soberanía paralela donde los señores de la droga deciden qué días se abren las escuelas, qué negocios operan y qué carreteras son transitables.

Su injerencia ha alcanzado el corazón mismo de nuestra democracia. En ciertas regiones son los cárteles, a través del plomo y el financiamiento ilícito, los que dictan qué candidatos tienen permiso para competir en los procesos electorales y quiénes son los que, por conveniencia, deben ganar en las urnas. El nacionalismo oficialista prefiere criminalizar la biculturalidad de un civil antes que enfrentar la pérdida de control territorial frente al crimen organizado. Es decir, para el régimen actual, la soberanía ya no es una realidad material que se defiende garantizando la seguridad y el libre tránsito de los ciudadanos; es un fetiche burocrático que se resguarda persiguiendo actas de nacimiento extranjeras.

Bajo esta lógica retorcida, defender la soberanía consiste en blindar el derecho soberano de los cárteles a operar dentro de nuestras fronteras sin que nadie de fuera venga a importunar sus pactos. A partir de esta semana, los mexicanos podremos dormir tranquilos sabiendo que nuestros futuros gobernantes portarán un pasaporte impecablemente puro, libre de cualquier sospecha de contaminación internacional. Poco o nada importará que, para poder ejercer el cargo para el que fueron electos, tengan que administrar un país en llamas, ignorar la gobernanza criminal y pedirle permiso de paso al capo local para poder salir a caminar por la calle.

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