“Que se olviden. Aquí no volverá a haber elecciones para que la oposición intente atrapar el Gobierno”. Con esa frase, Daniel Ortega, el hombre que terminó por sepultar la democracia en Nicaragua, abandonó las apariencias y nos dejó una advertencia. Hay algo más peligroso que un dictador: la justificación del autoritarismo en nombre de la “autodeterminación”.
Ante semejante declaración, la presidenta Claudia Sheinbaum no solo evitó condenar a Daniel Ortega, sino que salió en su defensa. “Primero es la autodeterminación de los pueblos, lo que decida el pueblo de Nicaragua. Y nosotros siempre estamos de acuerdo con la democracia”, respondió. El problema es que hace tiempo que el pueblo nicaragüense dejó de poder decidir. Ortega encarceló a sus principales opositores, anuló partidos políticos, sometió a las instituciones y terminó por cancelar las elecciones.
Resulta difícil imaginar una paradoja mayor para la mandataria mexicana: alcanzar la Presidencia gracias al voto libre y, desde esa posición, minimizar el derecho de otros pueblos a ejercer exactamente ese mismo voto. Aunque no debería sorprender del todo. Durante la campaña presidencial, Claudia Sheinbaum llegó a describir la elección como un “mero trámite”. En ese momento la frase pasó casi inadvertida. Vista hoy, adquiere otro significado. Lo más inquietante no es la contradicción. Es la naturalidad con la que se pronuncia.
Pero vale la pena recordar qué significa realmente “la autodeterminación de los pueblos” antes de invocarla como un escudo moral para toda clase de atropellos. La autodeterminación no fue creada para proteger al gobernante ni al régimen que controla el poder. Protege el derecho de los pueblos a decidir libremente su destino político mediante elecciones libres. Así lo reconocen la Carta de las Naciones Unidas y los principales tratados internacionales de derechos humanos. No es un principio concebido para blindar dictadores. Por eso el verdadero problema no es la defensa de Daniel Ortega. Es que esa defensa parece revelar lo que la presidenta de México entiende por democracia. Porque las palabras de un jefe de Estado nunca son inocentes; delatan la manera en que entiende el poder.
El problema es que ese espejo también obliga a mirar hacia adentro. Mientras México enfrenta territorios enteros bajo control del crimen organizado, una extorsión convertida en impuesto nacional, desapariciones que siguen acumulándose, infraestructura deteriorada y el desmantelamiento sistemático de los contrapesos institucionales, las prioridades del poder hoy parecen dirigirse hacia otro lugar: regular las redes sociales, ampliar el control sobre la conversación pública mediante nuevos lineamientos sobre el derecho de las audiencias y seguir estrechando los márgenes de la libertad de expresión.
Resulta paradójico que un gobierno que concentra más poder que cualquier otro en décadas se presente siempre como víctima de las redes sociales. Controla el Ejecutivo, domina el Legislativo, rediseñó el Judicial, gobierna la mayoría de las entidades y ejerce una influencia creciente sobre buena parte de las instituciones del Estado. Sin embargo, insiste en presentar como amenaza principal a ciudadanos que cuestionan al poder.
La historia muestra un patrón inquietantemente parecido. Cuando una democracia muere, lo último en desaparecer son los espacios para expresarse libremente. Ortega no se convirtió en dictador el día que canceló las elecciones. Para entonces llevaba años debilitando instituciones, desacreditando a sus críticos y concentrando el poder. Los autoritarismos avanzan paso a paso, justificando cada exceso con una causa aparentemente noble. El mayor riesgo no es un dictador que ha perdido el pudor. El mayor riesgo es ignorar a un autoritario cuando sus acciones revelan, una y otra vez, lo que realmente es.