Hoy Claudia Sheinbaum rendirá cuentas a la nación. Habrá cifras, gráficas y una palabra que seguramente escucharemos más de una vez: resultados. Escucharemos sobre la reducción de los homicidios, el incremento al salario mínimo y los avances en reducción de la pobreza y programas sociales.

Pero hay otro informe. El de las promesas que siguen pendientes, las cuentas que no cuadran y los escándalos que difícilmente encontrarán espacio entre los aplausos. Después de casi dos años del segundo piso y ocho de la llamada transformación, ese informe también merece ser presentado.

Empecemos por la promesa que buscó dar “legitimidad moral” al movimiento que llevó a Morena al poder: acabar con la corrupción. El huachicol que Andrés Manuel López Obrador juró combatir terminó convertido en una sofisticada trama de contrabando de combustibles que atravesó aduanas, empresas fachada y estructuras gubernamentales, con servidores públicos y militares involucrados. Ahí están también Segalmex, los contratos de los amigos de los hijos del expresidente y las propiedades y lujos inexplicables de integrantes del movimiento. Ocho años después, la corrupción sobrevivió a quienes llegaron prometiendo barrerla de arriba hacia abajo.

El informe de seguridad también tiene otra cara. La reducción de los homicidios convive con un país donde el crimen organizado sigue disputando territorios, controlando comunidades, extorsionando cada vez más sectores y penetrando gobiernos. Sinaloa ofrece la postal más grotesca: Rubén Rocha Moya, señalado en Estados Unidos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, intentó regresar al gobierno después de meses de licencia y duró apenas 33 horas. Terminó nuevamente fuera del cargo, aunque tampoco frente a un juez. México consiguió así la extraña hazaña de tener a un gobernador demasiado cuestionado para gobernar y aparentemente no lo suficiente para procesarlo.

También está el informe de las instituciones. En ocho años desaparecieron organismos autónomos, incluido el INAI; se rediseñó el Poder Judicial y México eligió jueces con una participación cercana al 13 por ciento. Morena y sus aliados controlan el Ejecutivo, tienen mayoría en el Congreso y gobiernan buena parte del país. Pocas veces un proyecto político mexicano había dispuesto de tantas herramientas para ejecutar su programa. Con semejante concentración de poder, cada vez quedan menos pretextos para aquello que no se ha resuelto.

Y está la factura de las grandes obras. Dos Bocas, el Tren Maya, el AIFA y otros proyectos emblemáticos acumulan más de un billón de pesos de inversión, entre sobrecostos, elefantes blancos y obras que seguimos subsidiando porque no son rentables. Para dimensionarlo: equivale a casi 16 años del presupuesto actual de la Secretaría de Salud, más de 17 del de Seguridad o cerca de siete del de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Al parecer, la austeridad republicana salió bastante cara.

Durante años, la 4T explicó sus fracasos señalando la herencia recibida, pero ocho años bastan para empezar a construir una propia. La transformación ya reformó la Constitución, rediseñó instituciones, desapareció organismos, eligió jueces, construyó sus obras y concentró una cantidad extraordinaria de poder. Cada año resulta más difícil atribuirle al pasado las carencias del presente.

Hoy escucharemos que la transformación da resultados. La pregunta es frente a qué promesas los estamos midiendo. Si eran acabar con la corrupción, pacificar al país, gobernar con austeridad, construir obras eficientes y regenerar la vida pública, el balance luce bastante distinto al que veremos en las pantallas. Después de ocho años, la 4T ya tiene suficiente historia para dejar de rendir cuentas sobre el país que recibió y empezar a rendirlas sobre el país que construyó.

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