La Cuarta Transformación acaba de pedirnos, una vez más, un acto de fe.
Primero, con unos lineamientos sobre derechos de las audiencias que, según el gobierno, no buscan censurar sino proteger a los ciudadanos. Después, con un decreto presidencial que promete una nueva era de transparencia.
Hay que reconocer la consistencia. Desde hace ocho años, prácticamente todas las grandes decisiones de este régimen han venido acompañadas de la misma petición: créannos.
Nos pidieron creer que cancelar el aeropuerto de Texcoco sería mejor para México. Que las obras emblemáticas detonarían un crecimiento económico sin precedentes. Que militarizar cada vez más funciones civiles reduciría la violencia. Que desaparecer los organismos autónomos fortalecería la democracia. Que destruir al INAI mejoraría la transparencia. Que la nueva Suprema Corte acabaría con la corrupción del Poder Judicial.
Ya vimos en qué terminó cada una de esas promesas.
Y hoy nos piden un nuevo acto de fe: creer que un gobierno que pretende decidir cómo deben informarse los ciudadanos será, al mismo tiempo, el más transparente de la historia. Uno que impulsa lineamientos para regular los contenidos en radio y televisión mientras promete, por decreto, una nueva era de transparencia.
Pero quizá lo más ofensivo no sea eso.
Lo verdaderamente ofensivo es que pretendan que les aplaudamos por anunciar que ahora sí cumplirán con la Constitución. Y que, además, nos tranquilicen asegurando que no habrá censura porque —en palabras de la propia presidenta— “si quisiéramos, ya lo habríamos hecho”. Qué inmensa generosidad del poder.
Es la misma lógica de siempre: convertir las obligaciones del Estado en concesiones del gobierno. Como si la transparencia dependiera de la voluntad presidencial y la libertad de expresión de la paciencia del poder.
La rendición de cuentas no es un favor presidencial. No es una concesión del poder. Es un deber del Estado. Los gobiernos no merecen reconocimiento por cumplir la ley. Para eso fueron electos. Son servidores públicos, no benefactores.
Y cuesta creer que ahora sí estén comprometidos con ese principio cuando durante años han hecho exactamente lo contrario. Si de verdad les importara el derecho de los mexicanos a conocer la verdad, no habrían reservado durante cinco años el costo del Tren Maya. No habrían mantenido bajo llave el Plan Maestro del AIFA. No habrían clasificado expedientes relacionados con Rubén Rocha Moya y Enrique Inzunza. Ni habrían convertido la “seguridad nacional” en el recurso favorito para ocultar información de evidente interés público.
Por eso resulta imposible separar el decreto de transparencia de los nuevos lineamientos sobre derechos de las audiencias. No son dos decisiones aisladas. Son dos piezas de una misma lógica.
El verdadero proyecto nunca fue sólo concentrar el poder. También consiste en concentrar la verdad.
Un gobierno que aspira a convertirse, al mismo tiempo, en la fuente de la información, en el árbitro de lo que circula y en el encargado de certificar que él mismo dice la verdad.
La Constitución no existe para proteger al poder. Existe para proteger a los ciudadanos del poder. El problema es cuando quienes protestaron cumplirla la violentan desde el poder.
Los actos de fe pertenecen a las religiones. No a los gobiernos. Mucho menos cuando insisten en dejar una pistola cargada sobre la mesa y nos piden creer que, ahora sí, podemos confiar en ellos.
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