Cuando Edward Snowden trabajaba como analista de sistemas para la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, las torres gemelas ya se habían desplomado frente a los ojos del mundo modificando para siempre la noción de seguridad nacional y privacidad en ese país. Sin saberlo, Snowden ayudó a diseñar Epicshelter, un sistema de copia de seguridad global que permitía la conservación permanente de una gran cantidad de datos recopilados por el gobierno. En sus propias palabras: “Conservar un expediente permanente de las vidas de todo el mundo, era un error trágico”.
Fue durante la preparación de una conferencia sobre las estrategias chinas de contraespionaje, que el país considerado como el polo del autoritarismo asiático, fue visto por Snowden como un espejo del espionaje que gobiernos democráticos aliados con la agencia norteamericana realizaban a espaldas de sus ciudadanos. Una vez que tuvo acceso a una serie de documentos clasificados, pudo confirmar la existencia de Stellarwind: una estrategia en el que a nombre de la seguridad nacional y sin orden judicial, el gobierno espiaba indiscriminadamente a sus ciudadanos.
El interés principal de la agencia eran los metadatos, es decir, datos sobre datos de actividad que revelan patrones de conducta y el contexto más amplio de la vida de una persona como fecha, hora, duración, número de llamadas, ubicaciones, historial de navegación todo generado por los teléfonos y computadoras que utilizan los ciudadanos. Snowden tomó una decisión que sellaría su destino a un alto costo: documentó y contó la verdad a través de una alianza con periodistas y organizaciones. Fue perseguido judicialmente y a la fecha permanece asilado en Rusia. Tras sus filtraciones a medios, se detonó un debate internacional sobre el derecho a la privacidad de los ciudadanos.
En Estados Unidos, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) promovió un juicio contra la agencia de seguridad nacional (vs Clapper). El Tribunal sentó un precedente para reformar la Patriot Act y prohibir la vigilancia indiscriminada de teléfonos además de requerir una orden judicial para ello. La industria de la tecnología también avanzó con métodos de encriptación de comunicaciones privadas y distintas organizaciones a favor de la libertad de expresión cuentan con técnicas de investigación periodística, cifrado de datos y borrado de huella digital. En 2018, entró en vigor el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea que establece, entre otras cosas, que los datos son propiedad de las personas y no de los entes que los recopilan.
A contracorriente de esta tendencia, en México se acaba de aprobar un paquete de leyes (Telecomunicaciones, Desaparición Forzada, CURP Biométrico, Guardia Nacional) que otorga facultades de inteligencia a los militares, permite la recopilación indiscriminada de datos de los ciudadanos y obliga a las concesionarias, tras un mandato de “autoridad competente” a otorgar información de particulares. No se contempla ningún mecanismo de control ni de rendición de cuentas sobre estas decisiones, ni tampoco existe la garantía de que no se vulnerará ni se hará mal uso, como ya ha sucedido, de esta gran base de datos. Se legaliza la vigilancia masiva y permanente de los ciudadanos.
Investigadora de la UdeG. @louloumorales
