Dice el viejo y conocido refrán que la prisa es mala consejera. Prueba de ello es el proceso legislativo que llevó a la desaparición de siete organismos constitucionales autónomos que por ahora deja en el limbo a 3 mil 500 trabajadores que los integran. Sin evidencia verificable, sin un amplio debate público y con un parlamento abierto simulado, el Senado de la República declaró aprobada la reforma constitucional que contó con el voto de 19 Congresos estatales. Como si fuera un mero trámite, en menos de 24 horas se ratificó en la mitad de ellos. Poco efecto y escaso eco tuvieron las voces de organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas o la Unesco, organizaciones sociales y cámaras empresariales que pidieron reconsiderar por los efectos que esta decisión tendrá en el ejercicio de derechos.
En el caso de la eliminación del Inai y los órganos garantes estatales a cargo de velar por la privacidad y el derecho a saber, la reforma se basó en la modificación de nueve artículos de la Constitución. Con ello se estableció que serán los propios sujetos obligados, a través de sus órganos de vigilancia, los que se encargarán de “promover, respetar, proteger y garantizar los derechos de acceso a la información pública y protección de datos personales”. La apertura de las dependencias del poder ejecutivo estará bajo tutela de la nueva Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno; la del legislativo a cargo de su contraloría, los sindicatos bajo la vigilancia de los tribunales de conciliación y arbitraje, los órganos autónomos constitucionales que sobrevivieron tendrán que cumplir a través de las contralorías electas por el Congreso, el Poder Judicial a través del tribunal de disciplina judicial cuyos integrantes serán electos por voto popular y las obligaciones de transparencia de los partidos políticos estarán a cargo del INE.
Falta definir en las leyes secundarias, cómo se tramitarán quejas o ausencias de información cuando el gobierno se niegue a compartir datos. No se sabe aún qué sucederá o quién administrará la Plataforma Nacional de Transparencia que aloja 15 mil millones de registros, ni se menciona si frente a esta dispersión de información, se respetarán los criterios de apertura que se han logrado en los últimos años. Tampoco se conoce si se mantendrán las mismas obligaciones de transparencia. En su informe reciente sobre el legado de López Obrador, la organización Signos Vitales documentó que las plataformas de transparencia de Pemex y CFE no cuentan con información completa ni permiten descargas sobre licitaciones y contratos. Señala que en la segunda mitad de este año desaparecieron de Compranet los documentos probatorios sobre las asignaciones de compras públicas realizadas durante el periodo de 2012 al 2023. Se trata de la pérdida de información de 1.9 millones de contratos.
Bajo un diseño centralista, la reforma impone a las entidades federativas que trasladen las funciones de los órganos garantes estatales a sus propias contralorías. En la reforma del 2014, también se impuso un modelo desde el centro, sin embargo, a diferencia de ahora, la propuesta se basó en la convencionalidad y progresividad del derecho a saber, así como en la adopción de un estándar común de apertura para todo el país.
Por error o provincialismo de los legisladores, no se incluyó en los cambios al Artículo 122 el cual establece el régimen interior y la organización política y administrativa de la Ciudad de México. Podría suponerse que en la otrora Ciudad de la esperanza existe el interés de garantizar el derecho a saber con un modelo distinto. Sin embargo, el Congreso de la capital fue uno de los que sumaron su voto a la reforma. Los legisladores tendrán que enmendar esta omisión y tal vez considerar que se requiere tiempo y pericia para la aprobación de las leyes secundarias que harán posible la concreción de esta reforma.
Investigadora de la UdeG