La llegada de Hugo Aguilar a la presidencia de la Corte ha generado revuelo no solamente por su importante trayectoria como defensor de los pueblos indígenas, sino porque su nombre entró en el listado de acordeones oficialistas sin imaginar que sería la propuesta más votada.
El primer proceso de ratificación por vía del voto popular —más que de elección— de jueces, ministros y magistrados dejó mucho qué desear en términos de integridad electoral. La falta de entusiasmo e información entre la ciudadanía se reflejó no solamente en una votación de apenas 13 por ciento de la lista nominal sino también en el 22 por ciento de votos nulos o blancos.
Los diversos informes de observación electoral dan cuenta de la opacidad y falta de rigor en la selección de candidatos; la distorsión en el diseño de distritos electorales judiciales con voto diferenciado en el territorio nacional; el diseño excluyente de boletas con ganadores y perdedores seguros y la existencia de autoridades electorales debilitadas. La vulneración de reglas básicas de certeza, igualdad y equidad en la contienda se evidenció frente a la operación abierta de la maquinaria partidista.
En medio de esta desazón la presencia en la Corte del ministro Aguilar da algo de esperanza. Si algo hemos aprendido en un país con una crónica debilidad institucional es que el perfil y el carácter de las personas que ocupan cargos de alta responsabilidad resultan determinantes para la vida de las instituciones. Las trayectorias importan.
Hugo nació en la comunidad de San Agustín Tlacotepec en la Mixteca Alta de Oaxaca. A principios del 2020, este municipio rural contaba con poco más de mil habitantes, con escaso acceso a servicios básicos y con un importante porcentaje de sus habitantes dedicado a la agricultura. En esta comunidad considerada de alta migración, el 19 por ciento de los hombres y el 81 por ciento de las mujeres no saben leer ni escribir y solo el nueve por ciento logra terminar una licenciatura. Este es el contexto en el que nació el ahora ministro Aguilar.
Quienes lo han criticado por su trabajo en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas antes Instituto Nacional Indigenista, dejan de lado que, a diferencia de Brasil, Bolivia, Colombia y Costa Rica, México no cuenta con una ley sobre consulta previa e informada de los pueblos. Los ejercicios que se han realizado se sustentan en lo que hasta ahora reconoce la Constitución y las legislaciones específicas de algunos estados.
Quienes lo critican —no sin un dejo de envidia y racismo— omiten el trabajo que realizó durante más de 30 años como defensor de derechos territoriales, mediador en conflictos comunitarios y promotor de importantes cambios legislativos como lo fue la última reforma en materia de sistemas normativos internos de Oaxaca. Su trabajo en el OPLE de esa entidad fue determinante para resolver y evitar que los conflictos electorales en tierras indígenas terminaran en enfrentamientos sangrientos.
Su trabajo a favor del pluralismo jurídico ha quedado reflejado en el acompañamiento de distintas resoluciones sobre conflictos de límites territoriales. Me gustaría pensar que el ministro Aguilar será una versión moderna del jefe cayuga Deskaeh. En su conocido “Llamado a la Justicia de un piel roja” el líder de las Seis Naciones de Ontario fue a las Naciones Unidas e inició un debate que más de medio siglo más tarde se convertiría en la Declaración Universal de los Pueblos Indígenas. Me gustaría pensar que así como ha defendido la autonomía de los pueblos defenderá la autonomía e independencia del Poder Judicial.
Investigadora de la UdeG
