Hace un par de semanas, se dio a conocer la décima edición del Barómetro Global de la Corrupción en América Latina y el Caribe 2019 que realiza cada dos años Transparencia Internacional. La encuesta presenta datos basados en la percepción pública y en experiencias sobre corrupción en 18 países de la región.
La percepción es algo volátil y cambiante. Son actitudes, estilos de vida, formas de relación que los individuos interiorizan y desarrollan a partir de vivencias o construcciones compartidas. Por ello, no es una fotografía exacta de la realidad pero sí un indicador útil para entender contextos y comportamientos.
De un primer vistazo, los resultados parecen sorprendentemente positivos para México. El 61 por ciento de los encuestados considera que el gobierno en turno está manejando bien o muy bien la lucha contra la corrupción y 21 por ciento percibe que la corrupción disminuyó durante el último año. La encuesta también permite registrar datos sobre la llamada “corrupción de ventanilla”, es decir, la experiencia directa de los ciudadanos con el soborno. Salvo para los casos de la policía y los jueces —que habría que atender de manera urgente— ahí también parece haber mejoras.
Uno de cada tres ciudadanos reporta haber estado expuesto al pago de sobornos en la realización de trámites y acceso a servicios. Este indicador, resulta ser más optimista de lo reportado hace dos años cuando uno de cada dos lo reportaba.
La disminución de sobornos se ubicó en trámites vinculados a escuelas públicas (14% menos), acceso a clínicas públicas y centros de salud (23% menos), documentos de identidad (12% menos) y servicios públicos (2% menos). Esto se puede explicar por la adopción de herramientas de transparencia que permiten mayor y mejor accesibilidad. Coincide con el hecho de que a diferencia de los demás países de la región, en México, más de la mitad de la población conoce el derecho de acceso a la información.
Del otro lado de la moneda, están los datos de los que pocos hablan. En primer lugar destaca el deterioro de la confianza hacia las instituciones. Existe la percepción generalizada (más del 60 por ciento) de que todos o casi todos los integrantes de los tres poderes públicos, instituciones públicas, instituciones públicas locales y jueces, son corruptos. Cerca de 44 por ciento considera que los integrantes de organizaciones sociales, líderes religiosos y banqueros también son corruptos. Es decir, nadie se salva.
Otro dato francamente alarmante es que México encabeza la lista en compra de votos, aún por encima de países de la región con antecedentes de clientelismo electoral enraizado como Brasil y Argentina.
El desvío de recursos con fines electorales ha sido ampliamente documentado sin que hasta ahora haya modificaciones en las formas de supervisión de estos recursos. Entre la fiscalización de recursos públicos y el monitoreo específico a los partidos políticos hay un vacío que es oportuno para el desvío. La corrupción política es una asignatura pendiente, difícil de resolver pero que podría formar parte de las acciones anticorrupción, si se quiere combatir en serio. Ya que más allá de las percepciones, no todo lo que brilla es oro.
Coordinadora de la Red por la Rendición
de Cuentas
