En el periodo que va de 2010 a 2016, los estados de Chihuahua y Veracruz tuvieron en común que estuvieron gobernados por el PRI, que sus gobernadores se apellidaban Duarte y que ambos operaron una amplia red de corrupción que generaron un brutal saqueo de recursos. La corrupción provocó indignación que fue expresada en las urnas. En el caso de Veracruz, las más de 50 denuncias documentadas por la Auditoría Superior de la Federación alimentaron la investigación periodística conocida como “la Estafa Maestra”. Se trató de una red de “empresas fantasma” que sirvió para simular contratos y licitaciones para así triangular recursos públicos y trasladarlas a cuentas personales. La gestión de Javier Duarte dejó gastos no comprobados, simulación de reintegro de recursos, desvío de fondos que debieron destinarse a infraestructura hospitalaria, compra de medicamentos o pagos a la Universidad Veracruzana, entre otros. Obligado a solicitar licencia antes del término de su mandato, Duarte fue detenido en Guatemala por lavado de dinero y asociación delictuosa. Posteriormente, se le acusaría de delitos electorales, desvío de recursos y desaparición forzada. En Veracruz poco se hizo para desmantelar la red de corrupción: de 13 funcionarios denunciados, hubo ocho detenidos que ameritaron amparo, una absolución y un sentenciado. A partir de acuerdos extralegales, que no pasaron por denuncias formales frente a la fiscalía, sucedieron dos cambios en la gubernatura y varios acuerdos políticos. El resarcimiento final fue de apenas mil 522 millones de pesos frente a los 53 mil millones de pesos sin aclarar.
En Chihuahua, el entonces gobernador César Duarte fue acusado de orquestar la llamada “Operación Safiro”. Se trató de un mecanismo mediante el cual, en complicidad con funcionarios del gobierno federal, se triangularon recursos a empresas fantasma para financiar campañas electorales en al menos siete entidades de la República. Además de esta operación, el exgobernador se hizo de varios ranchos y fue acusado, entre otras cosas, de crear con recursos públicos el banco Progreso del cual se hizo accionista.
Con el cambio de gobierno, el gobernador Javier Corral echó a andar el proceso “Justicia para Chihuahua”. A través de procesos de designación autónomos y transparentes, renovó a la Fiscalía General, al titular de la entidad de fiscalización superior y otorgó nuevas atribuciones al Consejo de la Judicatura para mejorar el nombramiento de jueces y juezas. Asimismo, aumentó las capacidades de investigación de los ministerios públicos. “Justicia para Chihuahua” documentó la existencia de una nómina secreta para establecer sobornos y un quebranto al erario de más de 6 mil millones de pesos. A través de investigaciones robustas se ejerció acción penal en contra de 49 personas, se libraron 92 órdenes de aprehensión, se vincularon a 78 personas a proceso y se lograron 16 sentencias condenatorias. Se recuperaron varios inmuebles, un rancho de 29 mil hectáreas y se resarcieron vía fiscalización 659 millones de pesos. César Duarte fue detenido en Miami en 2021, pero extraditado hasta el verano de este año. Hace unas semanas, empezó el retroceso. El exfiscal Francisco González Arredondo fue detenido en un operativo desproporcionado. Fue vinculado a proceso bajo una injustificada prisión preventiva oficiosa. A este exfiscal del caso Duarte que cuenta con una trayectoria reconocida por colectivos de víctimas de desaparición forzada, se le acusa de haber torturado psicológicamente a los inculpados de esta red de corrupción. Una red que sigue viva y que no terminó de desarticularse. Los corruptos de ayer son las víctimas de ahora. Y mientras tanto, los ciudadanos seguimos perdiendo.
Investigadora de la Universidad de Guadalajara.
@louloumorales
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