Los presupuestos públicos son reflejo de las prioridades y las metas programadas por las administraciones. El recién enviado paquete económico para el ejercicio fiscal de 2024 confirma que el corazón de esta administración no está ni con las víctimas, ni con las mujeres, ni con los niños, mucho menos con los enfermos o cualquiera que aspire a ejercer derechos fundamentales. En plena sucesión adelantada por la presidencia de la República y a punto de que todo el país se transforme en una batalla campal por el poder, el gobierno federal insiste en más militarización, menos ciudadanía en sentido amplio y por supuesto, en el fortalecimiento de clientelas dóciles y agradecidas.
Las cifras no mienten: al ya extenso catálogo de funciones de carácter civil que acumulan las fuerzas armadas, se suma el hecho de que la Secretaría de la Defensa Nacional será la principal administradora de los proyectos prioritarios del presidente. En su nueva modalidad empresarial, la Sedena maneja a base de subsidios el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, la Aerolínea del Estado Mexicano y el Grupo Aeroportuario Ferroviario de Servicios Auxiliares y Conexos Olmeca-Maya-Mexica y controla al menos 15 aeropuertos. A esto se agrega la tarea de concluir y operar el Tren Maya. El presupuesto para Sedena aumentará en 121 por ciento al recibir poco más de 259 mil millones de pesos.
La Secretaría de Marina también es de las beneficiadas con un aumento presupuestario de 63.7 por ciento traducido en 71 mil 888 millones de pesos. A su cargo está la administración de las principales empresas de conectividad estatales, así como la seguridad de mares, costas y recintos portuarios del país.
La Secretaría del Bienestar también tendrá un aumento, pero principalmente por el monto y universo de los programas de transferencias directas para adultos mayores. La pensión para el bienestar representa ni más ni menos que el 85 por ciento del presupuesto.
En contraste, el aumento en educación es de apenas el 2.7 por ciento. Este incremento es muy relativo, ya que como lo señala el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria en su análisis “Las implicaciones del paquete económico 2024”, el incremento se centra en previsiones salariales y en el pago de nómina, así como actividades de apoyo administrativo. Lo mismo sucede con el gasto en salud, el presupuesto total significa un aumento del 5.7 por ciento si se compara con el año anterior, sin embargo, los aumentos más significativos se destinarán a los gastos en salud para las fuerzas armadas. Además, la Secretaría de Salud tendrá un recorte del 55.8 por ciento por la reasignación de programas al IMSS Bienestar y el ISSSTE tendrá un recorte de 9.3 por ciento incluido el suministro para medicamentos.
La falta de prioridad también se refleja en los recortes presupuestarios a programas destinados a garantizar la igualdad de género o en el presupuesto destinado a la Comisón Nacional de Búsqueda o a la atención de víctimas de violaciones graves de derechos humanos.
Todo esto no sucederá gratis. Se hará con un presupuesto de más de 9 billones de pesos basado en un déficit fiscal equivalente al 5.4 por ciento del PIB, algo no visto en los últimos 35 años. Sucederá con la complacencia de un Congreso más preocupado en brincar al siguiente cargo que en el futuro del país. Se hará a costa de los ciudadanos, a quienes se les posterga el derecho a una educación de calidad, el derecho de acceso universal a la salud y el derecho a vivir en paz.
