Los resultados de México en la última edición del Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional no son una sorpresa para nadie. En el panorama internacional, desde hace más de quince años, el país ha ido en lento y constante deterioro. La promesa de combate a la corrupción y las reformas que crearon el Sistema Nacional Anticorrupción fueron como un pequeño electroshock de esperanza a principios del sexenio pasado. Sin embargo, la medición de 2025 no deja espacio para la duda: México se percibe como el más corrupto de entre los países integrantes de la OCDE, ocupa el penúltimo lugar de integridad del G-20 —un lugar arriba de Rusia— y con un marcado color rojo, ocupa la posición 141 de los 182 países evaluados.
Actualmente, no hay una sola encuesta u opinión independiente que indique que la política de combate a la corrupción vaya por buen camino. La popularidad de la que aún goza la presidenta Sheinbaum contrasta con la evaluación ciudadana de su política anticorrupción. Ahí se refleja la cruda realidad con la que lidian los empresarios: 16 de cada 100 empresas reportan ser víctimas de extorsión, según el Inegi. Ante la falta de garantías jurídicas y de seguridad; solo cuatro de cada diez empresas muestran optimismo para invertir, de acuerdo con la encuesta de Coparmex. Los ciudadanos de a pie viven también su propio calvario: seis de cada diez personas reportan ser víctimas de corrupción o extorsión policial, según los últimos datos de Envipe 2025 y a pesar de los distintos intentos por mejorar los sistemas de salud, 34 de cada 100 personas no tiene garantizado su acceso, según el Inegi.
Para Transparencia Mexicana, las claves para entender tan pobre desempeño se centran en las redes trasnacionales de corrupción visibles en fenómenos como la venta e importación ilegal de combustible, mejor conocido como “huachicol fiscal”; en la persistencia de la extorsión en distintos niveles de gobierno; en la incapacidad de sancionar administrativa y penalmente los casos de corrupción, aún los más publicitados como Odebrecht y Segalmex; y la captura de la contratación pública por intereses ilícitos con la incapacidad de generar información sobre beneficiarios finales.
Sin duda, el debilitamiento de las instituciones de control y vigilancia de los poderes públicos, la ausencia de una ciudadanía organizada, participativa e informada y la prevalencia de la opacidad son caldo de cultivo para la corrupción.
Frente a este escenario, se ha anunciado la ruta de nuevas reformas al Sistema Nacional Anticorrupción. Dentro de los cambios, se considera fortalecer la participación ciudadana en la estrategia de combate a la corrupción más allá de la denuncia; mejorar la plataforma digital nacional; rediseñar la política en la materia e incluir tanto al titular de la SHCP como al responsable de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones en el combate a la corrupción. Otra de las propuestas consiste en sancionar a quienes no cumplan con los mandatos que les confiere la ley. Esto último es de suma importancia ya que la evidencia muestra que el fracaso del combate a la corrupción se debe más a las omisiones deliberadas y a la ausencia de responsabilidades, que a la posible complejidad de cualquier diseño institucional.
La terrible fotografía de México hacia el mundo, puede ser la oportunidad para retomar la agenda que el gobierno decidió relegar a beneficio de unos cuantos rapaces. De no cambiar nada, viviremos un capítulo más de nuestra propia tragedia.