En las siguientes horas el Senado de la Republica tiene en sus manos decidir si actúa a favor de los derechos fundamentales o si despoja a los ciudadanos de su derecho fundamental a saber. Esto es porque durante más de un año, el Senado fue incapaz de cumplir con las reglas y acuerdos que ellos mismos se otorgaron para designar a dos comisionados faltantes en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).
Sobre las cuerdas de una resolución judicial y con el tiempo encima, las comisiones responsables se decantaron por dos perfiles —uno de ellos no idóneo, más leal a un grupo— que fueron objetados por el Presidente de la República. Este 31 de marzo concluye el periodo del comisionado Francisco Javier Acuña. Por ley, el órgano que garantiza el derecho a saber y el derecho a la privacidad a nivel nacional, no podrá sesionar ni garantizar la privacidad o la entrega de información de interés público. Muera la transparencia, viva la opacidad.
La omisión del Senado ya ha horadado los trabajos del Inai. Desde hace un año, el órgano nacional de transparencia ha hecho frente a la creciente demanda de información y a las resistencias de distintas instituciones por entregarla. Según el Informe anual de labores de la institución, presentado hace unos días en la Cámara alta, durante el último año, las solicitudes de información aumentaron un diez por ciento. Aunque más del 90 por ciento fueron respondidas, en seis de cada cien casos, se presentaron quejas porque la respuesta no correspondió a lo solicitado.
En el mismo informe se lee que las cinco instituciones con más solicitudes y con menos proactividad efectiva —es decir con menos capacidad de colocar información de interés público en la vitrina pública— son la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios, el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de la Defensa Nacional.
Este último caso es importante porque la Corte resolvió a favor del Inai la controversia constitucional contra el decreto presidencial que permitía reservar información sobre obras públicas de infraestructura por considerarlas de seguridad nacional.
Esto sucede en un contexto de militarización acelerada y opacidad en torno al espionaje del que han sido víctimas periodistas y defensores de derechos humanos.
Un contexto de creciente violencia en el que la sociedad requiere acceder al derecho a la verdad para exigir justicia, reparación del daño y no repetición. Un contexto en el cual se agrede a un periodista cada 13 horas y en el que la mayoría de las agresiones son cometidas por autoridades o actores estatales según documentó la organización Artículo 19.
El Senado tiene en sus manos hacer buena política y generar los acuerdos necesarios para designar a tres comisionados. Estos pueden provenir del listado de los mejores evaluados tras las entrevistas y ponderaciones que hicieron tanto las comisiones responsables como las Universidades y miembros de la sociedad civil que fueron invitados a participar en el proceso de evaluación y designación.
Tiene en sus manos votar a favor de la transparencia y demostrar en los hechos que, efectivamente, no tienen nada qué esconder.
