La militarización del país promovida por el Presidente de la República, aprobada sin mucha resistencia por el Congreso y profundizada el día de ayer por la iniciativa discutida en la Cámara de Diputados, es la síntesis de un fracaso que nos deja a los ciudadanos en el desamparo.
Por mucho que se quiera disimular, desde su creación, la Guardia Nacional ha estado bajo el mando y control de las fuerzas armadas. El decreto de reforma constitucional que le dio origen y que previó un régimen transitorio con un plazo de cinco años para generar capacidades, no fue más que una manera de patear el bote hacia delante. En tres años de operación de este cuerpo militarizado, no se han desarrollado capacidades, no se ha generado una política de apertura, ni tampoco se han tomado decisiones para transitar hacia un mando civil.
La militarización del país no empezó en este sexenio. Si en gobiernos anteriores se claudicó a la profesionalización de las policías y se omitieron mecanismos de rendición de cuentas en los cuerpos de seguridad, en este se les ha entregado —como no se había visto en la segunda mitad del siglo pasado— poder y dinero sin controles. Este gobierno ha transferido al Ejército y a la Marina una serie de tareas que antes estaban bajo la responsabilidad de instituciones y mandos civiles. Según el catálogo elaborado por la organización Causa en Común, los militares se encargan ahora de la construcción de infraestructura y de la administración de proyectos emblemáticos para esta administración, de vigilar escuelas, de controlar puertos y aeropuertos, del control de aduanas, de entregar libros de texto gratuitos, de cuidar playas, distribuir medicamentos, custodiar pipas, resguardar políticos y personajes de “interés público”, vigilar fronteras y de operar programas del Bienestar y tantas más.
La transferencia de tareas que trascienden aquellas de seguridad ciudadana, han ido acompañadas de la salvaguarda presupuestaria. Al término del año pasado, según reporta Integralia, las fuerzas armadas tuvieron el segundo presupuesto más alto del país ya que administraron más de 215 mil millones de pesos.
Las inquietudes de distintos organismos internacionales y colectivos ciudadanos sobre el despliegue del Ejército y Marina en el territorio nacional, no se debe, como se ha tratado de inferir por los promotores de las casacas militares, a la negación sobre la presencia y el control territorial del crimen organizado. Si en cambio, a las consecuencias de esta decisión.
Hasta ahora no se ha probado que la presencia de mandos militares disminuya los niveles de violencia. La estrategia, si acaso la hay, no ha logrado terminar con delitos como el cobro de piso, el feminicidio o las desapariciones.
Las fuerzas armadas son autoridades que siguen siendo señaladas, cuando no impera el miedo, por el abuso de la fuerza, por agresiones sexuales y por otras violaciones a derechos humanos. Son también las que menos información pública otorgan a la ciudadanía sobre sus decisiones, programas y desempeño. Bajo el pretexto de la seguridad nacional, reservan información o la declaran inexistente. Si hoy gozan con altos niveles de confianza es porque sus tareas estaban acotadas y porque la interacción con la ciudadanía era limitada.
Finalmente, las decisiones que han empoderado al sector castrense ya trastocaron la relación entre civiles y militares. Es ingenuo pensar que después de acceder a recursos y poder, al término de esta administración, los militares regresarán nuevamente a los cuarteles. Mientras no exista resistencia, los ciudadanos tendremos que vivir con la bota en el cuello.
Analista de transparencia y rendición de cuentas.
@louloumorales
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