La bala que atravesó el corazón del arzobispo salvadoreño Óscar Arnulfo Romero, en la capilla del hospital Divina Providencia detonó, en la década de los ochenta, una larga guerra de doce años que dejó tras de sí una estela de casi cien mil muertos. Una comisión de la verdad –de las primeras que hubo en la región– ayudó a documentar el teatro del horror: masacres, desapariciones forzadas y operativos ejecutados por los “escuadrones de la muerte” incluido el caso de Monseñor Romero fueron registrados minuciosamente. Treinta años más tarde, en memoria de este trágico evento, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 24 de marzo, fecha del asesinato, como el día internacional del derecho a la verdad en relación con violaciones graves de los derechos humanos y de la dignidad de las víctimas.
El derecho a la verdad ha sido reconocido a nivel internacional como una obligación de los Estados para proporcionar información a las víctimas, a sus familiares y a la sociedad sobre las circunstancias en que se cometen violaciones graves a derechos humanos. Sólo con información y registros fidedignos, se puede preservar la memoria de quien aspira a acceder a la justicia, reparar el daño y lograr la no repetición de la barbarie. El caso Ayotzinapa con la desaparición de los 43 alumnos de la normal Isidro Burgos, se ha convertido en el sello de la falta de acceso a la verdad en México. A pesar de los detallados informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, de la colaboración de los familiares, del acompañamiento de periodistas y del apoyo de diversas organizaciones sociales, la verdad parece nuevamente desvanecerse.
La actual administración ha hecho de Ayotzinapa un sello de distinción entre “el antes” con la impunidad del gobierno de Enrique Peña Nieto que construyó la verdad histórica para dar carpetazo al expediente y “el ahora”. En esta distinción se ha cerrado la puerta a otros movimientos de víctimas que han sido considerados incómodos para el régimen. El “ahora” se resume en el informe de la presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa el cual muestra nuevos datos sobre la colusión entre autoridades gubernamentales, crimen organizado, policías municipales, Cisen, Fiscalías, Ejército y Marina.
El trabajo de investigación ha sido enriquecido con 9 mil 752 documentos, entrevistas a 115 personas involucradas, decodificación de desplazamientos, audios, mensajes de texto y video, así como acciones para la judicialización de las carpetas. El reporte revela cómo la utilización de la tortura dio al traste con el debido proceso y permitió la liberación de 77 presuntos responsables. Muestra también una estrategia fallida en la protección de testigos que trasciende a la administración anterior: de 2014 a la fecha, 26 personas vinculadas al caso han muerto o han sido ejecutadas.
Quizás lo más relevante del nuevo informe sea el señalamiento sobre la participación, en tiempo real, de integrantes de las fuerzas armadas.
En estos días hemos visto que el desdén por las prácticas óptimas para el ejercicio efectivo del derecho a la verdad ha producido filtraciones que dañan el debido proceso. La renuncia del fiscal del caso y la cancelación de 21 de las 83 órdenes de aprehensión, con la exclusión de varios militares, nos llevan a pensar que aquel Estado culpable no está tan lejos al de ahora y que el derecho a la verdad todavía está lejos de poder ejercerse.
Analista de transparencia y rendición de cuentas
@louloumorales
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