El nuevo Poder Judicial de la Federación enfrenta una responsabilidad inédita. La reciente reforma constitucional no solo modificó su integración, sino que colocó en el centro de la vida pública a las juezas y los jueces electos por la ciudadanía. Este hecho histórico trae consigo grandes retos, pero también grandes oportunidades para transformar la justicia constitucional y fortalecer la legitimidad de nuestros tribunales.
Uno de los retos más urgentes es garantizar una justicia pronta. No es una simple aspiración, es un mandato constitucional. La Constitución establece que ciertos asuntos deberán resolverse en un plazo máximo de seis meses. Ello exige repensar la manera en que trabajan los tribunales y eliminar formalismos innecesarios, sin sacrificar la solidez ni la calidad de los argumentos. La ciudadanía demanda resoluciones claras, firmes y oportunas que den certeza sobre sus derechos.
La reforma al Poder Judicial cambió la estructura y operatividad de la Suprema Corte al eliminar las Salas y reducir el número de Ministras y Ministros. Por ello, recientemente adoptamos nuevas reglas para agilizar las sesiones, ordenar los debates y acotar el tiempo de las intervenciones. Estas medidas son indispensables para que el Pleno cumpla con el mandato de resolver con prontitud y profundidad.
Se trata, en el fondo, de una apuesta por la responsabilidad institucional: mostrar que el máximo tribunal del país es capaz de trabajar con eficiencia y eficacia frente a las nuevas exigencias de la ciudadanía.
El segundo reto es construir y mantener la legitimidad. La elección judicial fue un proceso histórico que permitió que el pueblo de México eligiera a sus juezas y jueces. Sin embargo, esa legitimidad democrática debe traducirse en legitimidad social. La confianza ciudadana dependerá de decisiones bien argumentadas, que concilien el derecho con la justicia y que sean comunicadas de forma clara y accesible. Que cada persona sepa lo que decidimos tiene un impacto directo en su vida cotidiana: en sus derechos, sus libertades y su dignidad.
La transparencia y la capacidad de explicar con claridad lo que resuelven los tribunales son tan importantes como la calidad técnica de las sentencias. Por ello, el nuevo reglamento de sesiones de la Suprema Corte también pone en el centro la transparencia, la claridad, la participación pública e incluso el trabajo en el territorio.
El tercer reto es garantizar una justicia social. No basta con reconocer derechos en el papel. La ciudadanía espera tribunales sensibles a las desigualdades, capaces de combatir las estructuras que perpetúan la discriminación y de abrir sus puertas a las personas que han sido históricamente excluidas e invisibilizadas. La justicia que estamos llamados a construir debe ser cercana, accesible, intercultural y con perspectiva de género e infancia. Cada sentencia será una oportunidad de proteger derechos, transformar realidades y demostrar que el derecho puede y debe ser una herramienta de cambio social.
El desafío del nuevo Poder Judicial es enorme, pero también lo es la oportunidad. Con juezas y jueces electos por el pueblo, con nuevas reglas que obligan a trabajar con mayor celeridad y con una sociedad que exige cercanía, la justicia en México tiene la posibilidad de renovarse. De ello depende que el derecho sea, al fin, una vía para garantizar la igualdad y la dignidad de todas las personas.
Ministra de la SCJN
