La nueva Suprema Corte inicia una etapa en la que las resoluciones no solo interpretan la Constitución, sino que la hacen presente en la vida cotidiana de las personas. Esta visión exige una justicia más humana, empática y consciente de las desigualdades que persisten en nuestra sociedad. Desde mi ponencia, he impulsado proyectos que buscan materializar ese compromiso: decisiones que demuestran que la justicia debe ser cercana, igualitaria y respetuosa de la dignidad de todas las personas. En este espacio comparto tres de ellas.
El 6 de octubre, la Corte analizó una norma del Código Civil de Veracruz que ordenaba aplicar medidas de “protección” en los divorcios cuando una persona con discapacidad estuviera bajo la tutela de su pareja. A primera vista podía parecer una medida de cuidado, pero en realidad partía de una idea equivocada: que las personas con discapacidad no pueden decidir por sí mismas.
Por mayoría de ocho votos, la Corte declaró inválido ese artículo y subrayó que todas las personas tienen derecho a ejercer su capacidad jurídica y a tomar decisiones sobre su propia vida. Además, aclaró que el Congreso local no podía legislar sobre procedimientos civiles, una atribución exclusiva del Congreso de la Unión. Con esta resolución, se dio un paso firme hacia la eliminación del viejo modelo de interdicción y tutela, que durante décadas trató a las personas con discapacidad como incapaces de decidir. Hoy, la justicia debe garantizar su autonomía y acompañar su derecho a decidir, no sustituirlo.
El 14 de octubre, la Corte revisó una disposición de Guerrero que exigía “ser de reconocida solvencia moral” para dirigir el Registro Público de la Propiedad. Aunque la expresión podía sonar positiva, su aplicación era subjetiva y ambigua, ya que dejaba a una sola persona decidir quién era “moralmente apto” y quién no.
Por mayoría de siete votos, el Pleno invalidó este requisito al considerar que carece de criterios objetivos y abre la puerta a decisiones arbitrarias o discriminatorias. En una sociedad plural, nadie debe ser excluido del servicio público por juicios morales personales. Con esta decisión, la Corte reafirma que el acceso a los cargos públicos debe basarse en la capacidad, la preparación y la ética profesional, no en etiquetas morales. Así, se protege el derecho a la igualdad y se fortalece una visión más democrática e inclusiva del servicio público.
Finalmente, el 15 de octubre, la Corte resolvió un caso derivado del feminicidio de una joven maestra. Un tribunal había reducido la pena del responsable al considerar su derecho a la reinserción social, pues tenía 18 años al momento de los hechos. La pregunta era si ese derecho podía justificar una disminución de la sanción.
Por unanimidad de votos, la respuesta fue no. La reinserción social es un principio que debe garantizarse dentro del sistema penitenciario —a través de educación, trabajo o salud—, pero no puede usarse para reducir la respuesta frente al feminicidio. Con esta decisión, la Corte reafirma los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación integral, mediante sanciones proporcionales, firmes y respetuosas de su dignidad. Al mismo tiempo, invita a mirar el feminicidio desde su raíz estructural: la desigualdad, la discriminación y la impunidad que sostienen la violencia de género en su expresión más extrema.
La nueva Suprema Corte tiene el reto de mantener viva la Constitución en cada decisión, haciéndola cercana y comprensible para todas las personas. Mi compromiso es seguir impulsando una justicia que elimine barreras, reconozca las diferencias y se construya desde la empatía y la igualdad. Solo así la justicia dejará de ser promesa y se convertirá en experiencia real para todas y todos.
Ministra de la Suprema Corte de Justicia