El 1994, a raíz de un acuerdo del entonces IFE, se promovió la creación de una Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) como un órgano de la otrora PGR encargado en específico de la persecución de los ilícitos penales en materia electoral.
La existencia de la FEPADE (convertida en 2021 en Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales —FISEL—) no ha estado exenta de controversias en su historia. Así, por ejemplo, durante el gobierno de Vicente Fox, fue solícita en investigar y entregar al IFE la voluminosa averiguación previa del caso Pemexgate, instruida en contra del PRI por desvío de recurso de la paraestatal a su campaña presidencial en 2000, pero fue totalmente omisa para indagar los actos ilegales del caso Amigos de Fox que involucraban una trama de financiamiento ilegal en la campaña presidencial del PAN-PVEM (en realidad ni siquiera aceptó abrir una investigación luego de que esos hechos fueran denunciados).
A lo largo del tiempo, la Fiscalía Electoral ha tenido un discreto papel plagado de altibajos. A pesar de ello, en general se mantuvo una buena relación con el Instituto Nacional Electoral que permitió, en varias ocasiones, sancionar penalmente lo que el INE investigaba y penalizaba en el plano administrativo. Fenómenos tales como la falsificación de credenciales electorales, la expedición indebida de dicho instrumento de identificación, el turismo electoral (falsos cambios de domicilio de grupos de personas de un sitio a otro con la finalidad de incidir en el sentido de ciertas elecciones), algunos casos de uso de recursos públicos en campañas electorales (incluido el uso político de programas sociales), otros de violaciones a las normas de fiscalización consideradas delitos, o bien casos de coacción del voto, son de los temas en los que, a lo largo de los años, la Fiscalía Electoral ha ejercido con una cierta regularidad el brazo penal del Estado.
Sin embargo, en el actual sexenio con la llegada al poder de López Obrador, el tema de los delitos electorales adquirió una aparente centralidad en el discurso gubernamental. Por un lado, bajo la insistente y demagógica retórica gubernamental de “acabar con los fraudes”, se presumió que ahora dichos delitos serían considerados como “graves” y, por lo tanto, sujetos a prisión preventiva oficiosa (aunque, en realidad, sólo el “uso de programas sociales con fines electorales” fue incluido en el artículo 19 constitucional entre los ilícitos que merecen dicha medida preventiva). Por otra parte, se presumió la centralidad e independencia de la renovada Fiscalía como una garantía de pulcritud electoral (aunque se puso a su frente a un viejo colaborador y militante del obradorismo).
Paradójicamente, nunca como en los años recientes se ha notado una ausencia de la Fiscalía durante los procesos electorales, reduciéndose su presencia, en la mayoría de los casos, a emitir meros pronunciamientos de alabanza al buen comportamiento y compromiso democrático de los funcionarios del gobierno federal. Más aún, lejos de colaborar en las investigaciones con el INE, la actual Fiscalía las ha obstaculizado, negándose a entregar información sobre presuntos ilícitos en asuntos muy relevantes, como ocurrió con los polémicos casos Odebrecht y Pío López Obrador, aduciendo el secreto ministerial como impedimento para compartir con el INE sus indagatorias.
Por ello, el INE tuvo que recurrir al Tribunal Electoral (igual que veinte años antes lo había hecho el IFE para poder trascender entonces los secretos bancario, fiduciario y fiscal en el caso Amigos de Fox), el cual falló en favor del Instituto y obligó a la Fiscalía a compartir con sus indagatorias. No obstante, en vez de entregar la información y así cumplir con las sentencias del Tribunal —que por mandato constitucional son definitivas e inatacables—, la Fiscalía presentó controversias constitucionales ante la Suprema Corte tratando de impedir el acceso del INE a sus expedientes.
Afortunadamente la SCJN desechó esos recursos y le dio la razón al INE y al TEPJF, y obligó a la entrega de la información lo que evidenció, sin embargo, la precariedad e insuficiencia de las investigaciones realizadas por la FISEL.
Ojalá que de cara a una elección compleja y desafiante como la de 2024, la hasta ahora desaparecida Fiscalía Electoral se haga presente y actúe sin complacencias ni sesgos políticos.
