Con la sesión que hoy celebrará el Consejo General del INE dará inicio el proceso electoral 2023-2024. Se trata de la elección más grande de nuestra historia tanto por lo que hace al número de potenciales electores convocado a las urnas, alrededor de 98 millones, como por el número de elecciones concurrentes que se llevarán a cabo: además de los comicios federales para renovar la Presidencia, el Senado y la Cámara de Diputados, habrá elecciones en las 32 entidades federativas (en nueve se elegirá al ejecutivo local, en 31 a los integrantes de sus respectivos congresos —en todas salvo en Coahuila— y en 30 a los miembros de los ayuntamientos —en todas menos en Durango y Veracruz—). El número de cargos públicos a elegir rebasa los 20,260, por lo que estamos ante una de las mayores disputas por el poder político en la historia del país.
Pero también es una elección que tendrá grades desafíos. Sin ánimo de exhaustividad y de cara al arranque del proceso electoral me limito aquí a señalar algunos de esos retos que, a mi juicio, son los más importantes.
- Es evidente que aún hay trabajo por hacer en generar la necesaria cohesión interna en el INE. El Consejo General aún no ha logrado asentarse plenamente después de su renovación parcial en abril pasado, como lo muestra la falta de consensos necesarios para hacer la designación de algunos de los cargos directivos centrales para la operación institucional (en primer lugar, la Secretaría Ejecutiva). Tomar decisiones en un órgano colegiado nunca ha sido fácil, pero que los mecanismos de construcción de acuerdos estén debidamente aceitados es fundamental para la gobernabilidad del Instituto.
- El INE también tendrá que reiterar su capacidad para arbitrar adecuadamente un proceso que está siendo caracterizado por una altísima deslealtad democrática y profundo desprecio a la legalidad por parte de los actores involucrados. La historia enseña que el éxito del INE se ha centrado en asumir una lógica de “cero condescendencias” frente a las violaciones a la ley. El INE está para conducir la contienda política conforme a la ley, no para ajustar la ley a la política.
- Otro desafío para el INE será enfrentar la desinformación (incluidos los posibles discursos de “fraude” a los que son tan propensos algunos políticos) con una eficaz capacidad discursiva, así como lograr construir narrativas efectivas que le permitan explicar puntualmente el proceso electoral y, de este modo, construir certeza y confianza en torno a éste (es decir, no olvidar su responsabilidad de hacer pedagogía pública).
- El INE también tendrá que refrendar su legendaria capacidad operativa y no ceder a las presiones partidistas que en aras de conseguir decisiones que convengan a sus intereses de parte pueden poner en riesgo la debida imparcialidad en la organización del proceso y la integridad de la elección.
- Por otro lado, tendrá que garantizarse la puntual renovación parcial de la Sala Superior del TEPJF (en octubre terminan su encargo dos de los siete magistrados), órgano encargado de calificar la elección presidencial, exorcizando el riesgo de que los nombramientos sean usados como un intento de captura política.
- Un tema por demás delicado es que, en la definición del presupuesto para el 2024, la Cámara de Diputados tendrá que garantizar recursos suficientes para que el INE y el TEPJF (y en el plano local también deberá ocurrir lo mismo con los órganos electorales estatales) no vean comprometidas sus atribuciones. Poner en riesgo una elección por un tema de dinero sería una gravísima irresponsabilidad histórica.
- También tendrán que generarse las condiciones se seguridad pública para que el proceso electoral transcurra en un contexto de paz (es decir, de no violencia). Lamentablemente, esta es una responsabilidad de los gobiernos federal y locales hasta ahora fallida, pero de la creación de un ambiente de orden público que permita el adecuado transcurso del proceso electoral depende, en gran medida, la adecuada renovación democrática del poder político.
- Finalmente, las autoridades electorales tendrán que ser muy claras y precisas, tanto en la emisión de los resultados (los preliminares y los definitivos), así como en la resolución de las quejas y denuncias que se presenten en contra de los mismos, para atajar cualquier pretensión de desconocer el sentido de la voluntad ciudadana depositada en las urnas.
