La propuesta de cambios constitucionales y legales que el gobierno de la presidenta Sheinbaum acaba de presentar al Senado de la República en lo que de manera absolutamente falta de originalidad han llamado “Plan B” (hasta en eso lo de hoy es una mala copia de la embestida autoritaria que López Obrador emprendió en contra de la democracia constitucional en su momento), es más el producto de una necedad que de otra cosa.
Luego de cuatro intentos al hilo por pretender reinventar el sistema electoral, todos ellos afortunadamente fracasados, resulta hasta anticlimático que la Presidenta se haya empeñado en presentar una nueva iniciativa de reforma en materia electoral (o lo que sea, porque de cambios electorales, a estas alturas, veo ya muy pocas e irrelevantes modificaciones al sistema comicial, aunque no por ello resultan menos dañinas a nuestra maltrecha democracia).
En efecto, la cadena de fracasos sucesivos que ha sufrido en esta materia el morenismo, tuvo su primer episodio cuando la ambiciosa propuesta de reformas constitucionales propuesta por López Obrador y conocida a la postre como “Plan A” no alcanzó el 9 de diciembre de 2022 los votos necesarios en la Cámara de Diputados para ser aprobada.
Luego, de inmediato, se propuso un “Plan B”, también impulsado por López Obrador, que consistió en una serie de cambios legales que el oficialismo logró aprobar en cuestión de apenas unas horas y que al final tuvo un desenlace catastrófico cuando, por las prisas y las elementales violaciones al proceso legislativo cometidas, fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2023.
Más tarde vino un nuevo intento de modificaciones electorales que formaba parte del parte del paquete de cambios contenidos en el “Plan C” planteado por AMLO en su último año de gobierno, mismo que, luego de ser pospuesto para darle prioridad a otras reformas, como la del Poder Judicial, la que eliminaba a una serie de órganos constitucionales autónomos y la que militarizó la seguridad pública en el país, nunca llegó a ser analizado y dictaminado por el Congreso.
Posteriormente, vino la primera propuesta presentada por Sheinbaum hace un par de semanas que, de nueva cuenta, fue rechazada con el voto en contra de la oposición en su conjunto, y también de los partidos aliados de Morena, el PT y el PVEM, cuyas opiniones e intereses jamás fueron tomados en cuenta.
Hoy el gobierno “vuelve al trigo” al presentar su enésimo planteamiento de modificaciones constitucionales y legales. Se trata de una reforma a estas alturas, que resulta innecesaria (porque nadie más que la testarudez del gobierno la pide), intrascendente (porque en su pretendida búsqueda de ahorros —su pretendido leitmotiv— lo único que acaba generando, en el mejor de los casos, son algunas migajas), y peligrosa (porque a pesar de estar completamente descafeinada respecto de las intenciones iniciales del oficialismo, conlleva riesgos y retrocesos para la democracia, como el de convertir a la presidencia en la principal promotora electoral de su partido, con toda la potencia del aparato propagandístico del gobierno detrás, al pretender empalmar la revocación de mandato con las elecciones intermedias de 2027).
Por lo demás, la propuesta conlleva un detalle indignante que hasta ahora ha pasado inadvertido y que evidencia la gran maquinaria de corrupción e impunidad en la que se ha convertido el morenismo. En la iniciativa se establece que todos los altos funcionarios electorales federales y locales del país deberán ajustar sus remuneraciones para que sean menores a las de la Presidencia, con única excepción: la de las y los magistrados del TEPJF. Con ese cinismo y desvergüenza se evidencia la operación de captura que el oficialismo ha hecho y sigue haciendo de ese órgano jurisdiccional, permitiéndoles una excepción al que ha sido uno de los mantras centrales del morenismo.
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