Hace unos días se conoció el contenido de una sentencia de la Juez Cuatro de lo Civil de la Ciudad de México en la que se condenó al ex rector de la UNAM, Enrique Graue, y del ex director de la FES Aragón, Fernando Macedo, al pago de una millonaria suma por daño moral a Martha Rodríguez Ortiz, asesora de la tesis de licenciatura de Yasmín Esquivel, la cual, como se evidenció públicamente, fue copiada en gran medida de un trabajo de titulación previo.
Las investigaciones que realizaron las autoridades universitarias demostraron que Rodríguez había en realidad dirigido muchas otras tesis que también habían incurrido en plagios. La consecuencia fue su justificado despido de la Universidad.
El plagio es una actividad altamente reprobable en el ámbito académico, porque equivale al robo de ideas ajenas para presentarlas como propias. Y por lo tanto es muy grave que quien aspira a presidir el máximo tribunal del país haya incurrido en esa práctica y peor aún que haya utilizado a la justicia para impedir que la UNAM hiciera público el dictamen que sobre el caso resolvió el Comité de Ética y determinara cuáles serían las eventuales consecuencias. Es evidente que Esquivel se aprovechó de sus redes de influencia en el Poder Judicial para evitar que, jurídicamente, la Universidad pudiera proceder.
Adicionalmente, en un claro acto de venganza en contra de los dos ex funcionarios de la UNAM que no cedieron a las presiones para que el asunto fuera desechado, la profesora que había sido correctamente despedida presentó una demanda por daño moral ante la justicia local de la capital —en la que, en su momento, Esquivel se encumbró y sobre la que mantiene su injerencia— que, en un tiempo inusitadamente breve, hoy concluyó con la sanción impuesta a ambos.
No entro aquí en el análisis de los absurdos e incongruentes razonamientos de la juez del caso mencionado, Flor de María Hernández Mijangos, para ello remito al demoledor texto que publicó esta semana Raúl Trejo Delarbre en Nexos (https://trejodelarbre.nexos.com.mx/la-asesora-codiciosa/) en el que explica las falacias interpretativas que sustentaron su fallo y, con ello, evidencia la clara intencionalidad política que le subyace.
Me limito más bien a señalar que este es un escandaloso caso de abuso de poder y de uso político de la justicia que anticipa, mucho me temo, lo que será la lamentable normalidad del Poder Judicial en el futuro inmediato cuando los jueces y magistrados sean electos popularmente y, con ello, se concrete la plena politización de las instancias jurisdiccionales.
El caso comentado evidencia que una reforma al Poder Judicial era necesaria para erradicar las mafias y redes de complicidad que, sobre todo en el ámbito de la justicia local, permitían abusos y manipulación de la justicia. Pero de cualquier manera se trataba de asuntos que, si bien graves y preocupantes, ocurrían de manera aislada y ocasional, de ahí lo escandaloso que resultan. En general, a pesar de lo mucho que había que mejorar, el aparato de justicia servía —sobre todo a través del amparo— para proteger a las personas frente a los excesos de poder que ponían en riesgo sus derechos.
Ahora, al elegir a las y los juzgadores los convertiremos en representantes de las causas y de las posturas de las mayorías que los elijan, con lo que dejarán de ser los terceros super partes que resultan indispensables para poder resolver los conflictos de manera imparcial y su función terminará por politizarse totalmente. De este modo dejaremos de tener jueces (más allá del nombre) para pasar a tener, en los hechos, militantes de causas o de intereses políticos desvirtuando así el papel que en una democracia debería tener el aparato de justicia. Ya no tendremos únicamente a una jueza Hernández, sino a cientos como ella.
El caso del Dr. Graue y del Mtro. Macedo, a los que va mi respaldo y solidaridad por el atropello del que han sido objeto, debe ser difundido ampliamente para concitar una indignación social que sirva de contexto de exigencia hacia las instancias de apelación para que reparen la injusticia cometida.
Pero también constituye una ominosa y grave advertencia colectiva de cara al futuro en el marco del grave deterioro en clave autoritaria que representa la reforma judicial: ¡cuidado con incomodar al poder porque la justicia ahora estará al servicio de este último, así que ándense con cuidado.
Investigador del IIJ-UNAM