El cierre del ciclo de regresión autoritaria está cerca… Lo acaba de advertir la presidenta Sheinbaum al anunciar que en breve presentará finalmente su propuesta de reforma electoral y los ejes sobre los que se va a articular.
El morenismo ha avanzado incontenible en su propósito de subvertir la democracia a través de la captura total del Estado y del espacio público. Primero con la ilegal conformación de una mayoría calificada en las Cámaras del Congreso, tramposa e indebidamente conseguida porque no correspondió con la votación que obtuvieron, lo que les permitió imponer unilateralmente cambios a la Constitución a su antojo. Luego con la completa militarización de la seguridad pública con el cambio de adscripción de la Guardia Nacional a la Sedena. Después con la desaparición de los órganos constitucionales autónomos que les eran incómodos y con el regreso de sus atribuciones al gobierno —tal como ocurría antes del cambio democrático ocurrido hace tres décadas—. Finalmente, con la reforma al Poder Judicial para destituir a todos los jueces y proceder a la captura total de la judicatura a través de la cuestionada e irregular (por no decir fraudulenta) elección en la que se escogieron a sus miembros.
Sólo un tema queda pendiente; hacer una reforma electoral que les permita: 1) desmantelar o, al menos, distorsionar gravemente la representación efectiva del pluralismo político que, lo quieran o no, caracteriza al país (hay un 45% del electorado que no comulga con el oficialismo); 2) debilitar el sistema de partidos y tratar de imponer la hegemonía única del partido en el gobierno —como ocurría con el PRI en las épocas de oro del hiperpresidencialismo— y 3) terminar de debilitar al INE en sus capacidades de arbitraje y de control de la equidad y de la integridad de las elecciones y acabar de someterlo a la voluntad del morenismo (que hoy depende únicamente del sometimiento y condescendencia con el poder con el que se han venido conduciendo la mayoría de las y los integrantes del Consejo General, en primer lugar, su presidencia).
Paradójicamente, el asalto autoritario a la institucionalidad democrática empezó justamente buscando debilitar y sojuzgar al INE en 2022. En ese año, López Obrador, sosteniendo la misma retórica demagógica que hoy sigue utilizando Sheinbaum (que el sistema electoral y los partidos cuestan mucho, que el INE —o algunos de sus consejeros— están en contra del gobierno y defienden intereses perversos y sus privilegios, etc.) presentó el “Plan A” con el que se pretendió reformar la Constitución para elegir popularmente a las consejerías del INE, eliminar las prohibiciones que tienen los servidores públicos para intervenir en las elecciones, pasar el control del padrón electoral al gobierno, desaparecer el Servicio Profesional Electoral y acotar las capacidades de investigación y sanción de irregularidades del Instituto. Sin embargo, la inesperada respuesta del INE a los ataques y el acoso que en su contra desató el oficialismo, así como la sorprendente reacción de la ciudadanía que tomó las calles del país, propiciaron que el asalto no se concretara al carecer de los votos necesarios para modificar la Constitución.
Luego vino el Plan B, con el que, mediante reformas legales se intentó destazar al INE reduciendo drásticamente su personal de carrera (en un 85%), desapareciendo su estructura desconcentrada, destituyendo al secretario ejecutivo, dándole el control de listado de votantes a la SRE y redefiniendo la propaganda gubernamental para permitir la intervención del gobierno en las elecciones. La SCJN, como es sabido, anuló dicha reforma por inconstitucional.
Más tarde se redefinió la estrategia proponiendo, en el Plan C, la desaparición de la representación proporcional, y muchos de los puntos fundamentales que ya se habían propuesto en el fallido Plan A.
Ese proyecto se pospuso en virtud de la elección judicial, pero ahora Sheinbaum lo relanza bajo las premisas de abaratar el costo de las elecciones, del INE y de los partidos y eliminar las senadurías y diputaciones proporcionales para dar cabida a representantes de primera minoría, anulando así, la representación del tan odiado y fastidioso pluralismo.
Así inicia el asalto final contra nuestra moribunda democracia, bajo la pretensión autoritaria de hacer de México el país de un solo dueño.
Investigador del IIJ-UNAM. @lorenzocordovav
