En la discusión sobre la pretendida reforma al Poder Judicial aún no hay nada decidido como se ha pretendido desde Palacio Nacional y como han venido repitiendo incesantemente algunos legisladores convertidos en voceros de la voluntad autoritaria que pretende politizar y subordinar a la justicia a la voluntad del gobierno y de su partido, mediante elección de los jueces a través del voto popular.
En primer lugar, debe resolverse la discusión abierta sobre el alcance de la cláusula que establece el límite a la sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados. Es cierto que hay una interpretación que ha prevalecido hasta ahora tanto en el INE y en Tribunal Electoral con la que se han hecho las asignaciones de las diputaciones plurinominales en ocasiones previas, misma que es contraria al sentido y propósito que tuvo la reforma electoral de 1996 que estableció ese margen máximo de sobrerrepresentación en un 8%; pero nada impide que la misma sea repensada y valorada a la luz de muchos de los argumentos que se han colocado en la discusión pública en estos días. El INE y el TEPJF en numerosas ocasiones han cambiado sus criterios de manera fundada y justificada, y en particular lo han hecho en el último año para rebajar sanciones y relajar prohibiciones en beneficio de algunos partidos políticos (de manera destacada de Morena), así que perfectamente podrían modificar su interpretación y evitar, como ha ocurrido, que las coaliciones sean utilizadas para burlar el límite que la Constitución le impuso originalmente a la sobrerrepresentación, tanto de los partidos como de las coaliciones.
Lo anterior no es menor porque, de prevalecer la que a mi juicio es la interpretación correcta de la Constitución, Morena y sus aliados (que obtuvieron el 58.4% de la votación nacional emitida) se quedarían a algunos votos de alcanzar los dos tercios de la Cámara baja necesarios para las modificaciones constitucionales.
Por otra parte, al morenismo y sus satélites le faltarán 3 votos en el Senado para alcanzar la mayoría calificada y no hay que claudicar en la demanda de que los 45 senadores de oposición se “amarren al mástil” y voten en contra del Plan C (como ya ocurrió hace dos años cuando los diputados de MC, PRD, PAN y PRI —muchos de los cuales ahora integrarán el Senado— se opusieron en bloque al regresivo intento de reforma constitucional en materia electoral de López Obrador, impidiendo así su aprobación). Asumir que esos legisladores se plegarán a las presiones y chantajes del gobierno y avalarán la pretendida reforma, es simplemente ceder la plaza sin siquiera intentar dar la batalla. Desde ahora tiene que elevarse el costo para quienes serán los legisladores de oposición y recordarles que es falso el discurso que el “mandato de las urnas” fue sojuzgar al Poder Judicial a los intereses de la mayoría mediante su elección por voto popular.
Por eso es de celebrarse la contundencia de algunos —la mayoría— de las y los ministros de la SCJN que en estos días han dejado clara su postura en el sentido de rechazar de modo rotundo tanto la propuesta de elegir a los jueces porque los coloca a merced de los intereses de los grupos de poder (político, económico y hasta criminal), como la envenenada sugerencia de que la renovación de la judicatura ocurra de manera gradual para preservar su experiencia. En ese sentido deben destacarse de manera particular los señalamientos que han venido haciendo las ministras Piña y Ríos-Farjat, y los ministros Aguilar, Laynez, González Alcántara y Pérez Dayán en diversos espacios alertando de las consecuencias de la elección de los juzgadores y de otros temas como el intento de prohibir de la suspensión de normas generales en las Acciones de Inconstitucionalidad y Controversias Constitucionales, o bien la supresión de los efectos generales de algunas sentencias de Amparo, situaciones ambas que podrían en una situación de grave vulnerabilidad a los derechos humanos.
La grave amenaza que representa para la democracia constitucional la pretensión de hacer del Judicial un poder subordinado a la voluntad de las mayorías e indulgente con las decisiones de los órganos políticos del Estado (el Legislativo y el Ejecutivo), y con ello de eliminar cualquier freno a la omnipotencia del poder, no amerita medias tintas ni condescendencias. La subsistencia del estado de derecho y de la garantía de las libertades fundamentales nos va en ello.