Hace un par de días recibí una notificación del Órgano Interno del Control del INE en la que me comunicaron el inicio de un procedimiento de responsabilidades administrativas en mi contra. Esa decisión responde a una denuncia que en diciembre de 2022, Sergio Gutiérrez Luna, entonces presidente de la Cámara de Diputados y a la vez —inexplicablemente— representante de Morena ante el INE, presentó en contra mía y de otros 5 consejeros y consejeras, por presuntas irregularidades administrativas derivadas de un supuesto “abuso de autoridad”, falta que es considerada grave por la ley. El contexto en que se presentó dicha denuncia fue el siguiente:
En 2022, las bancadas de Morena establecieron en la Ley de Revocación de Mandato que para ese ejercicio debían instalarse, al menos, el mismo número de casillas que en la elección anterior (es decir, algo más de 162,500); pero, por otro lado, le aplicaron al INE un recorte de casi 5 mil millones de pesos respecto del presupuesto solicitado para 2022 (la reducción más grande de toda la historia hasta ese momento), lo que implicaba que, descontando el presupuesto operativo, el Instituto sólo disponía de poco más de 830 millones de pesos para realizar la Revocación de Mandato cuya organización se había calculado costaría 3,830 millones.
Lo anterior, colocaba al INE en la imposibilidad de cumplir con el mandato legal en sus términos y a tener que organizar ese ejercicio con un número casi tres veces menor de las casillas requeridas, como finalmente ocurrió.
Frente a ello, se interpuso una controversia constitucional ante la Suprema Corte demandando se le otorgaran los recursos necesarios para organizar la Revocación en los términos de la ley, o bien se le eximiera de las exigencias que ésta planteaba ante la falta de recursos. Paralelamente, el Consejo General, con seis de once votos, decidió suspender temporalmente los actos de organización del proceso de Revocación de Mandato hasta que la SCJN resolviera la mencionada controversia y estableciera lo que procedía en términos legales.
En contra de esa decisión, Gutiérrez Luna presentó un recurso ante el Tribunal Electoral, una controversia constitucional ante la SCJN, y también —cosa que no había ocurrido nunca en la historia electoral— denuncias penales y denuncias administrativas en contra de quienes habíamos votado por suspender temporalmente la organización del ejercicio revocatorio.
Que un acuerdo del INE se impugne ante tribunales algo normal cuando hay alguna inconformidad; para eso existen recursos jurídicos específicos y es normal que ante ese tipo de diferencias se pida que un órgano jurisdiccional las resuelva. Pero que una decisión que es colegiada y por lo tanto atribuible a un órgano, no a quienes lo integran en lo individual, se les hagan imputaciones penales y administrativas particularizadas, es un claro acto de intimidación, de chantaje y de presión política. Es utilizar los instrumentos del derecho para amenazar a quienes tienes que ser libres de decidir según su conciencia y su interpretación de las normas jurídicas con la posibilidad de imputarles faltas penales y administrativas si se apartan de lo que algún actor político —el que los denuncia— pretende.
El escándalo que se produjo en su momento fue tal, que el mismo Gutiérrez Luna tuvo que desistirse de sus denuncias penales apenas unos días después de presentadas y la FGR archivó los expedientes. Con toda la intención no hizo lo propio con las denuncias administrativas.
Casi cuatro años después, y a pesar de que en su momento la SCJN sentenció que la Cámara de Diputados había sido responsable por no proveer los recursos presupuestales necesarios para instalar el número de casillas que era debido, exculpando por ello de toda responsabilidad al INE sobre el asunto, y a pesar de que el TEPJF revocó la suspensión impugnada, con lo que la Revocación de Mandato se realizó puntualmente, hoy el OIC del INE, en un acto que demuestra la intencionalidad política con la que actúa —y ha actuado—, revive el caso y pretende fincarnos responsabilidades.
Más allá del acto de persecución y de venganza específico que el caso supone, el mensaje intimidatorio y amenazante que se manda para los miembros de todo órgano colegiado es gravísimo: o se ajustan a los intereses del poder o el oficialismo no tendrá empacho en perseguirlos legalmente por todas las vías.
Investigador del IIJ-UNAM. @lorenzocordovav
