La intolerancia a la crítica es una de las características distintivas de la mentalidad autoritaria. El autoritario, por definición, asume la preeminencia de sus convicciones y ser el poseedor de la razón y la verdad; por eso pretende que todos se allanen a sus pretensiones, que acepten sin cuestionar su punto de vista y que nadie ose contrariar sus decisiones y dichos. Por eso en los regímenes autoritarios la crítica se condena y las disidencias se persiguen.
Para los autoritarios la libertad de pensamiento es un incómodo derecho que suele no ser tolerado porque abre la puerta a que cundan entre la sociedad ideas que se distancian de las que, desde el poder, se pretende que sean las únicas que prevalezcan. Para ello se acosa a la prensa libre y se descalifica y hostiga a quien discrepa de la voluntad de quien gobierna.
Esas acometidas desde el poder tienen un propósito doble: a) punir a quien hable mal del gobierno y de sus políticas y b) mandar un mensaje de advertencia de las consecuencias a las que se enfrentarán quienes sigan esa línea. La intimidación desde el poder tiene, en consecuencia, la finalidad de provocar la autocensura y autocontención en los miembros de la sociedad para evitar pagar el costo de ejercer la libertad y el derecho de criticar a quien gobierna.
Así ha actuado el obradorismo, utilizando los mecanismos del poder para premiar la fidelidad y amedrentar a sus detractores. Sólo así se entiende el gasto desproporcionado y millonario que a través de la publicidad oficial se hace en los medios afines, mientras que se señala, se descalifica y se acecha a periodistas, organizaciones civiles, formadores de opinión pública y académicos que disienten.
El pasado viernes 4 de abril ocurrió un enésimo episodio de lo anterior. En la sección “Escena” de El Heraldo de México, se publicó una presunta nota periodística titulada “La Fiscalía General de la República investiga irregularidades cometidas en la gestión de Lorenzo Córdova al frente del INE” en la que se aclara que la “responsable de la publicación e investigación” es Selene Johana Peña Chávez, una persona sin ningún antecedente periodístico y egresada de una maestría en mercadotecnia global. Se trata de una nota en la que se hacen una serie de acusaciones falsas, como que la Fiscalía me ha solicitado la entrega de documentos en el marco de sus presuntas investigaciones, cosa que nunca ha ocurrido, o que se investiga un crecimiento inexplicable de la plantilla laboral del INE durante mi gestión, finiquitos que no se ajustaron a la normatividad, licitaciones indebidas y presuntos recursos públicos irregularmente utilizados. Se trata de una serie de acusaciones vagas, sin ningún elemento de prueba o evidencia que las sustente y, por supuesto, falsas.
En la nota se señala, entre otras cosas, que: “a lo largo de su mandato, Lorenzo Córdova se presentó como un defensor acérrimo del voto ciudadano, como un pilar de la democracia. Sin embargo, en un giro inesperado, su postura frente a la reforma judicial y a la elección de jueces y magistrados por voto popular ha sido diametralmente opuesta”, casualmente, se trata del mismo argumento con el que algunos de los jerarcas del morenismo han pretendido descalificar mis críticas a la antidemocrática reforma judicial y a la consecuente elección de juzgadores.
Fuentes del periódico me aseguran que se trató de un desplegado pagado que les llegó a través de una agencia de medios, aunque llama la atención que no se haya hecho una distinción expresa entre una inserción pagada y las planas editoriales del medio, como lo plantean las buenas prácticas.
Es claro que se trata de una amenaza que viene desde el oficialismo. Alguien pagó por esa inserción y alguien pretende mentir vendiéndola como si fuera una nota periodística auténtica. El propósito es claro: amendrentar y lanzar advertencias de que, como buenos autoritarios que son, quienes detentan el poder no se van a contener de usar a la justicia para perseguir políticamente a quienes sigamos denunciando la regresión autoritaria que se está produciendo.
Lo único que no podemos permitirnos, si queremos preservar nuestras libertades, es ceder ante las amenazas del poder y claudicar a nuestro legítimo derecho de ejercer la crítica y de disentir de la verdad oficial. El día que eso ocurra, entonces sí, habremos perdido definitivamente nuestra democracia constitucional.
Investigador del IIJ-UNAM
