El conflicto postelectoral de 1988 obligó a revisar integralmente el marco jurídico que había regido las elecciones hasta entonces. Las reformas de 1989-90, 1993, 1994 y 1996 implicaron una reinvención total del sistema electoral dando origen a nuevas instituciones, reglas y procedimientos que tuvieron el propósito de inyectarle certeza y credibilidad a los comicios.
El propósito fue que todos los pasos de la organización y realización de las elecciones, sin excepción, fueran claros, previsibles, transparentes y verificables. Así, se redefinieron y especificaron las etapas de los procesos electorales; se estableció el principio de definitividad que impide volver a abrir etapas previamente cerradas; se permitió que los representantes de los partidos verificaran todas las actividades de las autoridades electorales y, si tenían alguna queja, pudieran presentar las inconformidades correspondientes; se ciudadanizaron los órganos de decisión del IFE (luego transformado en INE), desde el Consejo General hasta las Mesas Directivas de Casilla; se definieron con claridad las reglas para determinar la geografía electoral (los distritos electorales) que permiten que los votos tuvieran el mismo peso en la conformación de la representación política; se estableció que ciudadanos insaculados y debidamente capacitados serían los que recibirían y contarían los votos de sus vecinos bajo el escrutinio de los representantes de partidos y candidatos, así como de observadores nacionales e internacionales; se establecieron instrumentos para la difusión preliminar de los resultados desde la misma noche de la elección (el PREP y los Conteos Rápidos), entre muchos otros mecanismos encaminados a construir confianza en torno a las elecciones y sus resultados.
El resultado fue que las elecciones pronto dejaron de ser un problema y se convirtieron, como en toda democracia constitucional, en la única y legítima vía de acceso al gobierno y a las instancias de representación política.
El IFE y el INE, gracias al alto grado de profesionalización y sofisticación técnica y operativa que alcanzaron, se convirtieron en los responsables de la aplicación de las normas y los procedimientos establecidos y, por ello, en los garantes del ejercicio del voto libre y del respeto a la voluntad ciudadana expresada en las urnas a partir de una fórmula infalible: ciudadanos recibiendo y contando los votos en elecciones ciertas, transparentes y vigiladas.
Todo eso está en riesgo con las elecciones judiciales queridas e impuestas por el morenismo con el propósito de liquidar al Poder Judicial como un órgano de contrapeso de los poderes políticos del Estado.
En efecto, la improvisación, los absurdos e incongruencias establecidos en la legislación y la precipitada e irreflexiva invención de elegir a funcionarios cuya función no es la de ser representantes políticos, sino aplicadores técnicos y especializados de la ley, está teniendo consecuencias gravísimas para la certeza y la transparencia que deben tener los comicios.
Ello es así porque el INE se ha visto obligado a adecuar las reglas que se habían construido para otra cosa a un tipo de elección con requerimientos, bases y propósitos distintos. Todo por el capricho del obradorismo de elegir, por primera vez en la historia de las democracias modernas, a todos los juzgadores del país.
Así, por primera vez, los distritos judiciales no coinciden con los distritos electorales con los que funciona el INE; los ciudadanos que operarán las casillas no son quienes van a contar los votos la noche de la elección (sino los consejos distritales); las boletas serán totalmente diferentes a las que hasta ahora se han utilizado y son prácticamente incomprensible; no habrá más que una urna en donde se tendrán que depositar los votos de las seis elecciones judiciales federales; tampoco habrá mecanismos de difusión preliminar de los resultados; no habrá ningún tipo de vigilancia de la elección porque no hay representantes de los partidos políticos o de los candidatos ni en las casillas, ni en los Consejos del INE; vaya, ni siquiera se anularán las boletas no utilizadas como ocurre en cualquier elección para evitar el relleno de urnas ilegal.
En suma, el costo de la necedad del oficialismo va a ser volver a tener, como en los viejos tiempos autoritarios, elecciones que no serán ciertas ni creíbles.
Investigador del IIJ-UNAM