Luego de una frenética actividad legislativa, en los últimos diez meses el morenismo ha transformado profundamente el régimen político distorsionando las bases en las que se sustentaba nuestra democracia constitucional y sentando los cimientos de un nuevo régimen de corte autoritario. Así, se refundó el Poder Judicial permitiendo su captura a través de la elección de juzgadores, se militarizó por completo la seguridad pública, se desaparecieron a los órganos autónomos que resultaban incómodos transfiriendo sus funciones al gobierno y se incrementaron las causales de la prisión preventiva oficiosa, entre otros aspectos. Ahora, como se ha anunciado, llegó el turno de la reforma electoral.
No es la primera vez que Morena intenta meterle mano al sistema electoral desde que llegó al poder. En 2019 se hizo el primer intento cuando desde el Congreso se presentó una iniciativa que buscaba mermar las capacidades institucionales del INE. Esa reforma fracasó ante el rechazo público que se expresó, entre otros aspectos con la campaña #YoDefiendoAlINE.
Más tarde, en 2022 López Obrador presentó una iniciativa de reforma constitucional conocida como “Plan A”. Con ella se buscaba elegir popularmente a las consejerías del INE, eliminar las prohibiciones para que los servidores públicos intervengan en las elecciones, pasar el control del padrón electoral al gobierno, desaparecer el Servicio Profesional Electoral y acotar las capacidades de investigación y sanción de irregularidades de la autoridad electoral. Sin embargo, la inesperada respuesta del INE y la sorprendente reacción de la ciudadanía, propiciaron que dicha reforma careciera de los votos necesarios en el Congreso para modificar la Constitución.
Ante ello, de inmediato se presentó el “Plan B” con el que, mediante cambios legales, se buscó destazar al INE reduciendo su personal de carrera 85%, desaparecer su estructura desconcentrada, destituir al secretario ejecutivo, darle el control de listado de votantes desde el extranjero a la SRE y redefinir la propaganda gubernamental para permitir la intervención del gobierno en las elecciones. La SCJN, como es sabido, anuló dicha reforma por inconstitucional.
Más tarde, se insistió con el “Plan C” en muchos de los puntos del fallido Plan A planteando, además, la desaparición de las diputaciones y senadurías de representación proporcional y de las senadurías de primera minoría, buscando eliminar así los mecanismos institucionales que permiten la representación de los partidos minoritarios en el Congreso. Esa reforma fue aplazada para permitir la realización de la elección judicial.
Hoy, Sheinbaum ha anunciado que su reforma buscará abaratar el costo de las elecciones, del INE y del sistema de partidos, replantear la representación proporcional para sustituirla por representación de primeras minorías y establecer que las consejerías del INE sean electas popularmente.
A reserva de analizar lo que proponga la presidenta, creo que, como lo he expuesto en mi libro La democracia constitucional en riesgo (Cal y Arena, México, 2024), una reforma electoral podría ser pertinente (tras 11 años de que fueron aprobados los últimos cambios legales) si se conduce, en principio, a partir de los siguientes ejes:
1. Perfeccionar el sistema representativo para un mejor y más democrático reflejo del pluralismo político.
2. Replantear el uso del tiempo del Estado en la radio y la televisión para pasar de un modelo centrado en el spot a tiempos consolidados que permitan la discusión y el análisis de propuestas, así como debates políticos.
3. Racionalizar el financiamiento público a los partidos políticos sin mermar las condiciones de equidad en la competencia electoral.
4. Reforzar e incrementar las facultades de investigación del INE y su capacidad de arbitraje de los conflictos electorales.
5. Simplificar la organización de las elecciones sin erosionar la confianza y transparencia de los comicios y eliminar (siempre que haya consenso) algunas de las prohibiciones que hoy resultan excesivas e innecesarias.
6. Incorporar en la ley algunas decisiones que el INE y el TEPJF han tomado corrigiendo aquellas que resulten excesivas o inconvenientes.
Por la relevancia del tema, dedicaré mis próximas colaboraciones a analizar y desarrollar esos puntos y las condiciones de una reforma electoral.
Investigador IIJ-UNAM. @lorenzocordovav
