El pasado 31 de octubre Janine Otálora, magistrada de la Sala Superior del TEPJF, culminó el encargo de nueve años para el cual fue nombrada por el Senado. Es la única de los siete integrantes de esa instancia designados en 2016 que jamás aceptó las indebidas extensiones de mandato de las que se beneficiaron el resto de sus colegas.
No se trata de un asunto menor, pues admitir quedarse en un cargo por más tiempo del que originalmente se fue designado implica, además de una evidente falta ética, la aceptación de un favor político que, se quiera o no, pone en duda la autonomía, así como la imparcialidad y objetividad de sus decisiones, más aún cuando se trata de aquellos jueces que deben arbitrar la contienda por el poder y la disputas entre los actores políticos a quienes se termina “debiendo” ese favor.
En 2016 fueron nombrados originalmente siete magistrados, tres por nueve años, dos por seis años y los dos restantes por tres años. Ese escalonamiento estaba previsto desde un artículo transitorio de la reforma constitucional de 2007. Sin embargo, después de la votación correspondiente y tras haber rendido protesta de sus cargos, el Congreso modificó la ley y redefinió los mandatos de los magistrados elegidos por tres años para llevarlos a siete y a los de seis para extenderlos a ocho.
Todo empezó mal… y se puso peor. Años más tarde, en 2024, en lo que para muchos fue una compensación por haber validado las groseras violaciones del presidente López Obrador a la prohibición constitucional de intervenir en las elecciones y de haberle regalado al oficialismo una indebida sobrerrepresentación que le permitió tener la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y, con ello, poder modificar la Constitución a su antojo y aprobar, en consecuencia, la reforma judicial, a los cinco integrantes que permanecían en su encargo se les extendió el mandato —a algunos de ellos, por segunda ocasión— hasta 2027.
Lo anterior contrasta con el trato que la reforma judicial le dio al resto de las y los jueces del país, pues los únicos juzgadores a los que no sólo no se les cesó, sino que además se les extendió el encargo fue a los integrantes de la Sala Superior del TEPJF. Para alimentar las sospechas, está el hecho de que la propuesta de esa prórroga se incluyó en la iniciativa de la mencionada reforma justo unos días antes de que se votara por el Tribunal tanto la validez de la elección presidencial como el aval a la fraudulenta sobrerrepresentación de Morena y sus aliados en la que, hay que subrayarlo, el único voto en contra fue el de Janine Otálora.
Aunque con la reforma tenía el derecho de permanecer en su cargo dos años más, con la dignidad y congruencia que la caracterizan, Otálora decidió no seguirle el juego al poder y, a diferencia de sus colegas, anunció que dejaría su puesto cuando correspondía, es decir, al cumplir su mandato original.
Con ello, además, evidenció una vez más el cinismo y la servil actitud que ha caracterizado a la mayoría que se adueñó del Tribunal Electoral en enero del año pasado para ponerlo al servicio del poder que tan generosamente los retribuyó por ese hecho.
Como resulta inevitable, en su trayectoria como magistrada probablemente hubo algunos errores, como cuando, con el resto de sus colegas, votó en 2018 por perdonarle la multa a Morena por el indebido uso de recursos en el caso del fideicomiso para los damnificados del terremoto del año previo, dándole un carpetazo al asunto y creyendo que, con ello, se le haría un guiño al nuevo partido en el poder; o bien cuando, cediendo a las presiones de la futura Presidencia de la SCJN y de la Presidencia de la República, renunció anticipadamente a la Presidencia del Tribunal a finales de aquél año. También, por supuesto, hay votaciones suyas con las uno puede no haber estado de acuerdo, pero lo que es incuestionable es la honestidad y la congruencia con la que Janine Otálora se condujo en su cargo.
Impulsora constante de las medidas de inclusión, de la extensión de los derechos, pero sobre todo de la autonomía e independencia de las autoridades electorales y de la integridad de las elecciones (como cuando, junto con Reyes Rodríguez, sostuvo la ilicitud de los resultados de las elecciones judiciales definidas por los acordeones), Janine Otálora es un claro ejemplo de lo que debe ser un juez electoral. Se le va a extrañar y mucho.
Investigador del IIJ-UNAM. @lorenzocordovav