En una serie de ensayos publicados en los años 20 del siglo pasado (entre los que desatacan Esencia y valor de la democracia [1929] y La garantía jurisdiccional de la Constitución [1928]), precisamente cuando afloraron y se impusieron los fascismos en Italia y en Alemania, Hans Kelsen, uno de los más importantes teóricos de la democracia, delineó lo que, a su juicio, constituía la esencia y el valor de esa forma de gobierno y su principal elemento distintivo frente a las autocracias: la tendencia al compromiso.
En efecto, el compromiso (entendido como el acuerdo en el que las decisiones colectivas son pactadas colectivamente y, por lo tanto, no responden únicamente a los intereses de una parte de la sociedad ni tampoco son totalmente contrarias a los intereses de la otras) constituye el objetivo ideal —aquél al que tienden o deberían tender— el conjunto de procesos de decisión política que caracterizan a las democracias. Entre ellos, en primer lugar, se encuentra por supuesto el papel central que en una democracia juega el parlamento. Éste es el espacio en el que, debiendo estar representadas todas las posturas políticas relevantes de una sociedad, toda su lógica de funcionamiento se centra en crear espacios de deliberación, de reflexión y de construcción de acuerdos.
Para Kelsen todos los ámbitos de discusión pública que distinguen las democracias de las autocracias como formas de gobierno, tienen el propósito de permitir que todos los puntos de vista sean escuchados, contrastados, analizados y ponderados en el proceso de discusión colectiva para que la decisión que se tome, idealmente, recoja, matice y armonice en la medida de lo posible las distintas posturas que existen sobre los temas de interés público. Eso permite que en las democracias las decisiones sean incluyentes y legitimadas mediante un acuerdo colectivo (consensuadas), a diferencia de las autocracias en donde las decisiones son impuestas, gusten o no, por quien detenta el poder.
Kelsen escribió en ese sentido, en el segundo de los ensayos antes mencionados, que “la esencia de la democracia consiste no ya en la omnipotencia de la mayoría, sino en el constante compromiso entre los diversos grupos que la mayoría y la minoría representan en el parlamento y, por lo tanto, la paz social…” La lógica que sigue el jurista austríaco es sencilla: si todos los actores políticos y sociales, sin importar que sean mayorías o minorías, ven de alguna manera reflejados sus intereses y aspiraciones en una norma u otra decisión colectiva, al sentirse incluidos o identificados con ella, la aceptarán y se someterán de mejor modo a las reglas que la misma establece. Con ello, además de su aprobación pública, aumentará la legitimidad de esa disposición y, por ende, su cumplimiento o, en caso contrario, el rechazo colectivo a quien no la obedezca.
Lo contrario ocurre, sostiene Kelsen, con una decisión que es impuesta unilateralmente, así sea por una mayoría, pues la misma evidentemente contará con el rechazo y la animadversión de quienes la padecen y su cumplimiento dependerá únicamente de la coacción o de la fuerza del Estado y no de su legitimidad.
Lo anterior es particularmente relevante cuando se trata de la definición de las normas electorales, es decir de las reglas que establecen el juego democrático de acceso al poder público. En esos casos, el consenso no es sólo una deseable aspiración, sino que se convierte en indispensable, como sostenía Norberto Bobbio, porque de su aceptación colectiva depende en gran medida el éxito del proceso democrático de renovación de los poderes públicos. De no ser así, se corre el riesgo de una falta de legitimación de origen del mismo juego democrático —traducido en el rechazo a priori de parte de quienes no están de acuerdo— y, por ello en fuente de problemas y de litigios futuros. Dicho de otro modo, las reglas se convertirían en fuentes de problemas y no de solución de los mismos.
Es muy probable que Morena, la fuerza política que hoy es mayoritaria, siga siendo el principal ganador de las futuras elecciones —en parte producto de la grave crisis que aqueja a las oposiciones—, por eso el gobierno y su partido deberían entender que son ellos los principales beneficiarios de una reforma electoral incluyente y consensuada. Ojalá fuera así; pero eso, me parece, es pedirle peras al olmo.
Investigador del IIJ-UNAM. @lorenzocordovav